Una exsecretaria médica de Yerba Buena obtuvo una probation por seis meses luego de que la Justicia avalara el acuerdo alcanzado entre las partes durante una audiencia. La mujer estaba imputada por haber falsificado una receta.
El expediente fue llevado adelante por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, cuyo titular es Diego López Ávila, con la participación de la auxiliar de fiscal Emely Rafael. En la instancia judicial, la acusación formulada por la fiscalía contra la imputada fue por el delito de uso de documento falso o adulterado, en carácter de autora.
De acuerdo con la investigación, el ilícito se registró el 12 de febrero de 2026, después del mediodía. En esa oportunidad, la mujer, que se desempeñaba como secretaria en el centro médico Cedyt, habría aprovechado su acceso a formatos de recetarios y datos de la profesional para confeccionar un documento apócrifo.
Con ese comprobante fraguado, la imputada se dirigió a una farmacia de Yerba Buena y logró adquirir Metformina. El recetario contenía un sello y una firma que, de manera falsa, se le atribuían a la médica, lo que según la acusación lesionó la fe pública y la seguridad sanitaria.
El engaño se destapó el 23 de febrero, alrededor de las 19.30, cuando la propia doctora perjudicada notó la anomalía luego de que un empleado de la farmacia se apersonara en su consultorio, situado en Lobo de la Vega al 1000, según precisó el Ministerio Público Fiscal (MPF).
En ese momento, la profesional pudo verificar que el formulario correspondía a un modelo en desuso de su parte y que ni la caligrafía, ni la rúbrica, ni el sello eran suyos. Por ello, se quedó con el recetario apócrifo y la documentación asociada a la compra, que posteriormente entregó a la justicia.
En la audiencia, la defensa planteó la suspensión del juicio a prueba, un pedido que fue convalidado por el Ministerio Fiscal y homologado por el juez a cargo.
Las condiciones del acuerdo incluyen el acatamiento de normas de conducta durante seis meses, la prestación de servicios comunitarios en un merendero de Yerba Buena y el desembolso de una indemnización de 2 millones de pesos.