“La presente ley establece un régimen integral de declaraciones juradas y patrimoniales aplicable a las personas que ejercen funciones públicas en la provincia de Tucumán, con los objetivos de garantizar la trazabilidad y transparencia de su evolución patrimonial y de prevenir y detectar situaciones de enriquecimiento ilícito”. Ese es el artículo primero del proyecto que el legislador camperista Manuel Coruel presentó ayer.
La propuesta fue acompañada por los legisladores José Seleme, José Cano, Agustín Romano Norri, Silvia Elías de Pérez y Raquel Nievas. “Todos los funcionarios deberían estar obligados por ley a presentar sus declaraciones juradas. Y éstas tienen que ser públicas”, fundamentó Courel.
En los artículos siguientes se detalla que quienes ejerzan la gobernación y vicegobernación; los legisladores, incluyendo las autoridades superiores de la Legislatura; quienes integren el Poder Ejecutivo provincial con rango de ministros; el fiscal de Estado y demás cargos de jerarquía; quienes ejerzan la titularidad de organismos, entes, institutos y empresas del Estado; los jueces y funcionarios con jerarquía de la Corte Suprema de Justicia y demás órganos del Poder Judicial; funcionarios jerárquicos del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio Pupilar y de Defensa, del Consejo Asesor de la Magistratura, del Tribunal de Cuentas, de la Junta Electoral Provincial, del Jurado de Enjuiciamiento, del Consejo Asesor de la Magistratura, de la Defensoría del Pueblo y de la Fiscalía de Estado, entre otros, deberán presentar declaración jurada patrimonial integral y de intereses.
La iniciativa también alcanza a intendentes, concejales y delegados comunales; al jefe y subjefe de Policía; a quienes se postulen como candidatos, y a otros numerosos cargos descriptos en el texto.
El proyecto que une a los no peronistas de la Legislatura surgió tras el escándalo de la intendenta Raquel Graneros, quien quedó bajo la lupa luego de que se presentara una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito. La acusación se originó a partir de un informe periodístico que reveló que habría adquirido una vivienda valuada en un millón de dólares en un exclusivo country de Yerba Buena.
En este caso, la presentación judicial fue realizada por Courel, por el concejal de Simoca Luis Escobar y por el dirigente alberdiano Luis Augier, todos referentes políticos del diputado Mariano Campero. La causa quedó radicada en la Fiscalía de Concepción, a cargo de Diego Hevia.
El caso genera repercusiones porque se produce en uno de los departamentos más postergados de Tucumán. En Graneros, las estadísticas muestran hogares con dificultades para acceder al agua segura, con servicios sanitarios insuficientes, empleo precario y problemas de acceso a la educación. Se trata de indicadores que describen una pobreza multidimensional persistente.