El intendente de Yerba Buena, Pablo Macchiarola, celebró la reciente ordenanza que establece el narcotest obligatorio para funcionarios en la ciudad, convirtiéndola en la primera de Tucumán en adoptar esta medida. «Me parece excelente. Seré el primero en realizármelo y lo haremos público para motivar a todos los cargos públicos y concejales a sumarse a estos controles toxicológicos», afirmó el jefe municipal del camperismo, en diálogo con este medio.
Macchiarola destacó el rol de la concejal peronista Gabriela Garolera, autora del proyecto que contó con el apoyo de los ediles oficialistas Mauricio Argiró, Agustina Simón Padrós, Franco Marigliano y Javier Jantus. «Quien está al frente de un cargo público debe exhibir una conducta intachable. Esta normativa trae transparencia», subrayó el mandatario.
Por su lado, Garolera señaló que la iniciativa surgió de un consenso entre diferentes fuerzas políticas. «No está dirigida contra nadie ni tiene tintes partidarios. Con Argiró pertenecemos a espacios distintos, pero logramos unificar criterios para presentar un proyecto conjunto», explicó, señalando que el edil camperista impulsaba una propuesta similar.
La concejal detalló que la versión final del dictamen resultó más flexible que las ideas originales. «En nuestra propuesta inicial, si un funcionario daba positivo y la contraprueba lo ratificaba, era separado de inmediato. Ahora, se le otorgan 90 días para un tratamiento, y solo si reincide se procede a su apartamiento», precisó.
Desde la perspectiva de Argiró, la ordenanza pretende sentar un precedente para otros municipios y la provincia. «Es una señal hacia la comunidad, un compromiso firme contra el narcotráfico», concluyó.