El Concejo Deliberante de Yerba Buena sancionó una normativa que impone la realización de análisis toxicológicos preventivos, de manera periódica y aleatoria, a los integrantes del Departamento Ejecutivo y del propio cuerpo legislativo. La medida, que aguarda la promulgación del intendente Pablo Macchiarola, alcanza al jefe comunal, secretarios, subsecretarios, directores, concejales y prosecretarios.
La ordenanza establece que los exámenes se llevarán a cabo, como mínimo, una vez por año y también de forma previa a la asunción de un cargo. Los análisis deberán ser realizados en laboratorios habilitados, garantizando la cadena de custodia y la confidencialidad. Si el resultado es positivo, el funcionario tendrá un plazo de cinco días para solicitar una contraprueba.
En caso de que se confirme un resultado positivo, la normativa contempla una suspensión de al menos 90 días hábiles. Durante ese lapso, la persona afectada deberá demostrar que ha iniciado un tratamiento de rehabilitación. Si se produce una reincidencia o no se cumple con el tratamiento, la falta será considerada grave y podría derivar en la destitución, siempre respetando los procedimientos legales establecidos.
El proyecto original fue impulsado por los concejales Mauricio Argiró y Gabriela Garolera. Ambas iniciativas fueron unificadas en un dictamen de consenso que promovió el presidente del Concejo, Javier Jantus. Argiró explicó que su propuesta inicial databa de junio de 2025 y que, tras la presentación de Garolera, decidieron fusionarlas para facilitar su aprobación. La idea original, según detalló, era un narcotest «obligatorio, aleatorio y con consecuencias sancionatorias», aunque la versión final optó por un esquema gradual que prioriza el tratamiento antes de la exclusión del cargo.
El edil sostuvo que la ordenanza busca «mostrar a la sociedad un compromiso en contra del narcotráfico» y remarcó que «no puede haber un funcionario público tomando decisiones que afectan la vida de miles de ciudadanos bajo el efecto de drogas o sin estar en sus cabales».
Argiró también destacó que esta medida pretende ser un antecedente para otras localidades y para la provincia. «Hoy existe una ley provincial que no se aplica. Cuando juré como concejal nadie me llamó para hacer efectiva esa ley y hacerme un test», afirmó, y agregó que confía en que el intendente Macchiarola promulgará la norma «a la brevedad porque está totalmente de acuerdo».
Garolera, por su parte, resaltó el carácter transversal del acuerdo político alcanzado, señalando que el proyecto no tiene una orientación partidaria. «Con Mauricio Argiró somos de partidos diferentes, pero nos unificamos para sacar un proyecto en común», declaró. La concejala indicó que la iniciativa apunta a dar «transparencia a la gestión pública» y a demostrar a los vecinos que sus representantes «están en sus cabales a la hora de votar y tomar decisiones». Asimismo, lamentó que la aprobación no fuera unánime: «Me hubiese gustado que fueran los 10 votos del Concejo».
Garolera explicó que el dictamen final resultó ser más moderado que las versiones iniciales. En su propuesta original, un resultado positivo confirmado por la contraprueba implicaba la separación inmediata del cargo. En cambio, el texto sancionado establece un plazo de 90 días para el tratamiento, y solo ante una reincidencia se procedería a la destitución. Agradeció el apoyo de Argiró, Jantus y el intendente Macchiarola, quien, según afirmó, respaldó la iniciativa desde el primer momento y se mostró dispuesto a someterse a la prueba.
La ordenanza fue aprobada con los votos de Argiró, Garolera, Agustina Simón Padrós, Franco Marigliano y Jantus.
Reparos al dictamen
Desde la oposición, el concejal Walter ‘Kabuby’ Aráoz cuestionó el resultado de la votación. «Aquí no hay ninguna novedad: ya existe una ordenanza y una ley provincial desde 2016», señaló.
Aráoz argumentó que el dictamen presentado por su sector era «más riguroso», ya que contemplaba controles para anfetaminas y psicofármacos, además de drogas ilegales. También criticó la maniobra parlamentaria que permitió la aprobación del texto respaldado por Jantus. «Garolera, Marigliano y Argiro no han votado su propio dictamen que ya estaba firmado, sino que tuvieron que votar el dictamen de Jantus para poder empatar, sino perdían», manifestó.
Una vez sancionada, la normativa pasó a manos del Ejecutivo municipal. Si Macchiarola la promulga, Yerba Buena contará, por primera vez, con un régimen local específico que establece la obligatoriedad de los narcotests para sus principales funcionarios.