El máximo tribunal del país determinó que la Municipalidad de Yerba Buena debe dirimir ante la justicia local el conflicto que mantiene con la Provincia en torno a la coparticipación. De esta manera, el alto cuerpo judicial rechazó abordar de manera directa la presentación realizada por el intendente Mariano Campero.
La discusión se originó por la disparidad en los montos que recibe el municipio en relación al crecimiento demográfico que experimentó en las últimas décadas. Según los datos censales, la localidad duplicó su cantidad de habitantes entre 1991 y 2022, pasando de 34.901 a más de 70.000 residentes, lo que implicó una mayor demanda de servicios sin un correlato en los fondos que percibe desde el gobierno provincial.
Con el fallo de la Corte, la comuna deberá agotar primero todas las instancias judiciales en la provincia antes de poder elevar nuevamente su reclamo a la esfera nacional. Esta decisión posterga cualquier posibilidad de que se actualicen los recursos económicos, los cuales resultan fundamentales para sostener la infraestructura y los servicios públicos que requiere el explosivo crecimiento urbano que vive la ciudad.