El Poder Judicial de la Provincia ordenó la aprehensión de los propietarios de un local de venta de vehículos en Yerba Buena, señalados por llevar adelante diversas operaciones engañosas relacionadas con la comercialización de automóviles. Estas acciones habrían generado un importante número de damnificados y pérdidas económicas de gran magnitud.
La orden fue emitida por el magistrado Guillermo José Di Lella, perteneciente al Centro Judicial de la Capital, tras un requerimiento de la Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad N°2, la cual requirió registros domiciliarios, capturas y la incautación de materiales ligados a la investigación.
La pesquisa involucra a Matías José Díaz Vier, Anabel García y Javier Alejandro Goitea, quienes están vinculados al establecimiento comercial DG Cars (o DG Automotores), situado en la avenida Solano Vera 945 de la mencionada localidad. Este lugar es considerado el epicentro de una serie de transacciones que, de acuerdo al Ministerio Público Fiscal, habrían servido para perpetrar fraudes.
En el fallo judicial, al que accedió este medio, se indica que la solicitud del fiscal se sustenta en un expediente principal que aglutina numerosas quejas con un esquema de comportamiento análogo, lo que dejaría entrever un “proceder reiterado por parte de los acusados”.
Múltiples denuncias unificadas
El expediente señala que el caso principal S-104861/2025 congrega al menos diez expedientes interconectados, en los que diversas personas afectadas reportaron operaciones fraudulentas parecidas.
Uno de los hechos referidos por el tribunal es el de una mujer que compró una Ford Ranger mediante un préstamo con garantía prendaria de $11.520.000 tramitado en el mismo local, monto que fue liberado junto con otra cantidad en efectivo. No obstante, según obra en la causa, nunca se le hizo entrega del rodado.
Conforme a la exposición del fiscal que el juez menciona, la situación escaló hasta un pedido extra de dinero. En la determinación judicial se expresa que “el concesionario rehusó entregar el automóvil, lo que desembocó en una exigencia ilícita de $4.000.000 por intermedio de un individuo ajeno”.
Otro de los casos integrados a la pesquisa detalla la queja de un hombre que cedió su Volkswagen Nivus libre de gravámenes a cambio de un Toyota Yaris que presentaba una prenda y estaba siendo ejecutado por una entidad bancaria.
Según consta en el expediente, al reclamar por esta irregularidad, la víctima habría sido objeto de intimidaciones. La resolución judicial refiere que Díaz Vier lo habría coaccionado tanto por teléfono como en persona.
Se investiga igualmente la situación de un comprador que deseaba adquirir un Ford Fiesta y giró $3 millones como anticipo a una cuenta bancaria perteneciente a una de las procesadas, sin que la transacción se completara.
La pesquisa indica que todos los señalados en esta causa habrían actuado bajo la razón social de varias compañías interrelacionadas: DG Cars, DG Automotores, Credigroup S.A.S., Consulting Group S.A.S y Credicar.
Registros y aprehensiones
Tras evaluar las denuncias y las pruebas recabadas por la fiscalía, el juez determinó que había fundamentos suficientes para habilitar las diligencias pedidas.
En este marco, autorizó allanamientos en los domicilios de los acusados, junto con las detenciones y la incautación de papeles, aparatos electrónicos y otros objetos de relevancia para el proceso.
El magistrado permitió que los operativos se efectuaran de forma simultánea, argumentando la posibilidad de que los implicados intentaran esconder bienes o documentación importante para la pesquisa.
El propósito de estas medidas es reconstruir las transacciones mercantiles efectuadas por la concesionaria, rastrear el destino de los fondos recibidos y verificar la existencia de más afectados.
Los encargados de la investigación centraron la búsqueda en automóviles que se presume están vinculados a las maniobras, documentación comercial y archivos digitales.
Entre los elementos confiscados se hallan acuerdos de compraventa y de consignación, formularios 08, títulos de propiedad, recibos de pago, listas de clientes y registros contables, además de teléfonos móviles, ordenadores y otros dispositivos electrónicos que podrían contener información de las gestiones realizadas.
También se ordenó el decomiso de dinero en efectivo cuya procedencia no pudiera acreditarse y de los rodados que figuran en las acusaciones, con el fin de reconstruir el flujo de las operaciones bajo la lupa.
El juez decretó la prisión de Matías José Díaz Vier, Anabel García y Javier Alejandro Goitea, y dispuso su enjuiciamiento por el presunto ilícito de estafa, tipificado en el artículo 172 del Código Penal Argentino. Dicho artículo establece que “será penado con prisión de un mes a seis años el que perjudicare a otro mediante el uso de nombre falso, calidad simulada, títulos apócrifos, influencia fingida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación”.
Díaz Vier es identificado en las denuncias como uno de los encargados de la gestión del concesionario y como quien intervino directamente en varias de las tratativas con la clientela. En algunos de los expedientes acumulados se menciona que fue quien recibió autos en consignación, efectivo o transferencias bancarias, además de haber interactuado personalmente con algunas víctimas cuando estas reclamaban por los incumplimientos.
Por su parte, Anabel García está asociada con la estructura administrativa o comercial de la empresa y, en ciertos casos, figura como titular o destinataria de cuentas bancarias a las que se habrían dirigido pagos vinculados a las transacciones bajo investigación.
En cuanto a Goitea, se lo señala como interviniente en algunas de las transacciones y, en uno de los episodios reportados, como la persona que habría vendido un vehículo de una de las víctimas a un tercero, presuntamente empleando información falsa o papelería irregular.
En la portada del sumario también se nombra a Pedro García, aunque su situación procesal no está detallada con el mismo nivel de precisión en las órdenes de allanamiento y detención, por lo que su papel en la pesquisa deberá esclarecerse a medida que el caso avance.
El argumento de la defensa
El abogado Patricio Char, representante de los imputados, puso en tela de juicio la tipificación penal de los hechos y sostuvo que el conflicto debiera dirimirse en la esfera mercantil. “En una Argentina afectada por la crisis financiera, donde compañías, negocios y hasta instituciones bancarias pasan por serias dificultades, no se debe equiparar una estafa con un incumplimiento de contrato”, manifestó el letrado.
En esa misma línea, el abogado aseveró que para que exista infracción debe probarse un ardid fraudulento intencional. “El derecho penal requiere dolo y una artimaña engañosa concreta, no simplemente la incapacidad de cumplir con obligaciones económicas en un escenario tan crítico como el presente”, enfatizó Char.
Próximos pasos del proceso
El expediente fue calificado de manera preliminar como estafa, delito contemplado en el artículo 172 del Código Penal.
La pesquisa está siendo dirigida por el fiscal Fernando Blanno, quien ordenó el inicio oficial del proceso penal y un conjunto de diligencias investigativas para establecer el alcance total de las operaciones denunciadas.
Los investigadores no descartan la aparición de nuevos damnificados, dado que varias de las transacciones examinadas se prolongaron durante meses y bajo diferentes modalidades de negocio.
El objetivo de la pesquisa es también determinar el monto global del daño económico ocasionado por las operaciones atribuidas a los acusados y esclarecer si hubo otros colaboradores en los hechos.