Las convocatorias a estos encuentros juveniles se viralizan a través de plataformas digitales. Los adolescentes acceden a la información y adquieren sus pases. Con frecuencia se llevan a cabo en espacios alquilados como salones o quinchos, donde en muchas ocasiones también se les provee de bebidas alcohólicas pese a ser menores de edad. A menudo carecen del personal de seguridad suficiente y, en varios casos, dicho personal no está debidamente capacitado para la función. Existen situaciones en las que ni siquiera se tramita la autorización correspondiente, por lo que los organismos de control desconocen por completo la realización del evento.
Esta problemática es señalada desde hace tiempo por los propietarios de locales nocturnos. Las autoridades también la admiten. La gravedad se manifiesta cuando, en ese marco, las circunstancias se descontrolan y un adolescente sufre un incidente serio.
“CIUDAD JARDÍN”. Desde hace años, Yerba Buena se caracteriza por ser escenario de la movida nocturna de jóvenes y adolescentes de todo Tucumán.
La reciente investigación policial por la denuncia de una joven de 14 años, quien aseguró haber sufrido un abuso sexual durante una celebración en El Corte (Yerba Buena), reinstaló la discusión sobre las garantías en la vida nocturna. El punto central que resurge es determinar la responsabilidad cuando en este tipo de acontecimientos se produce un acto violento.
De acuerdo con las autoridades, nadie queda exento de responsabilidades ante estos hechos. La legislación tucumana vigente determina que tanto el propietario del inmueble como quien lo alquila y organiza la actividad pueden recibir sanciones si se detectan irregularidades, en particular ante delitos, expendio de alcohol a menores, superación del aforo o carencia de permisos.
Dante Loza, interventor del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA), detalló que el dueño del lugar tiene un grado de compromiso cuando cede el espacio para eventos con venta de entradas o alcohol sin requerir al promotor los permisos necesarios ni notificar a los entes fiscalizadores.
Paralelamente, el organizador también debe responder por no gestionar las habilitaciones, por no comunicar el evento y por cualquier violación a la normativa que ocurra durante la fiesta, como la comercialización de bebidas alcohólicas a menores o el incumplimiento de los protocolos de seguridad, precisó.
Sin notificación previa
“El dueño es responsable por permitir el uso del local sin exigir permisos ni dar aviso, y el organizador por realizar el evento sin autorización y cometer infracciones”, afirmó Loza. Además, alertó que numerosas fiestas se desarrollan sin aviso anticipado, lo cual obstaculiza los controles preventivos y reduce la capacidad de acción para evitar incidentes.
Desde el ámbito privado, el enfoque se orienta hacia la prevención. El empresario del rubro nocturno Javier Farhat explicó que, en su caso, cada acuerdo para eventos incluye cláusulas inflexibles y no negociables, como seguros obligatorios, verificación estricta de la mayoría de edad cuando hay alcohol y presencia de personal de seguridad.
Farhat, propietario de un boliche en Yerba Buena, aseguró que no ceden sus instalaciones a terceros con fines lucrativos para fiestas masivas. “En eventos privados como cumpleaños o casamientos nos hacemos cargo de todo, desde A a la Z”, afirmó. Para Farhat, evitar el alquiler sin supervisiones rigurosas es fundamental para prevenir situaciones que puedan derivar en episodios de gravedad.
El marco normativo establece que las autoridades policiales y municipales deben informar al IPLA sobre cualquier evento, baile o actividad que autoricen. Esta notificación posibilita que el organismo de control intervenga, efectúe inspecciones y, si es necesario, solicite apoyo policial para actuar mientras se desarrolla el encuentro. Cuando esa notificación no se realiza, el evento queda al margen del sistema de fiscalización.
Respecto a las sanciones, la ley contempla multas económicas -que pueden oscilar entre cinco y diez veces el valor de la habilitación-, clausuras temporales o definitivas, e incluso embargos.
Estas medidas pueden aplicarse tanto al titular del local como al promotor del evento, según el nivel de compromiso de cada parte. Otro aspecto crucial es el tipo de habilitación. Si un lugar está autorizado como salón de fiestas, no puede operar como discoteca ni realizar eventos con venta de entradas o alcohol sin los permisos específicos. En los casos más severos, las sanciones administrativas pueden también traer aparejadas responsabilidades penales, explicaron los especialistas.
Más allá del marco legal, la dificultad suele ser de carácter estructural. Fiestas organizadas mediante redes sociales, controles deficientes, ingesta de alcohol por parte de menores y eventos que exceden ampliamente la capacidad autorizada conforman un fenómeno recurrente. Cuando ocurre un hecho grave -como una agresión, abuso o episodio de violencia- se inician las pesquisas y resurge la interrogante sobre quién tenía el deber de impedirlo.
Desde los entes de control sostienen que, si se cumple con la obligación de informar y tramitar los permisos, es posible desplegar operativos, realizar inspecciones y evitar muchas de estas situaciones. Pero cuando el circuito funciona sin revisiones previas, la intervención llega una vez consumado el hecho.
Rodolfo Di Pinto, presidente de la Cámara de Propietarios de Discotecas y Afines de Tucumán (Caprodyatuc), recalcó la necesidad de intensificar los controles y mantener un trabajo coordinado para detener el crecimiento de fiestas y eventos clandestinos.
El dirigente advirtió que es en esos espacios informales donde se concentran la mayoría de los problemas, muchos de ellos de seriedad, principalmente por la falta de personal de seguridad entrenado y autorizado. Asimismo, indicó que en esos encuentros suele registrarse la presencia de menores de edad y el consumo de alcohol sin ningún tipo de vigilancia ni acatamiento de la normativa en vigor.
Continúa clausurado el salón de fiestas
La secretaria de Seguridad de Yerba Buena, Ileana Dulout, comunicó que el salón Altos San Javier (en El Corte) permanece clausurado hasta que se avance en la investigación y se aclare todo lo sucedido hace una semana, cuando una adolescente denunció haber sido víctima de un abuso sexual mientras se dirigía al baño, durante una fiesta realizada en el lugar. Según la denuncia, la menor de 14 años había ingerido bebidas alcohólicas. La funcionaria precisó que, de acuerdo con las indagaciones realizadas, el salón fue alquilado a los organizadores de la fiesta, quienes comercializaron entradas por internet. La mayor parte de los asistentes habrían sido menores de edad.