En medio de los incendios forestales que afectan a la cordillera de Chubut y del reclamo de los mandatarios patagónicos por más apoyo, el Gobierno nacional dispuso la transferencia de más de cien mil millones de pesos al sistema de Bomberos Voluntarios.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad, publicada en el Boletín Oficial, y establece la distribución de fondos a más de un millar de entidades en todo el territorio nacional para la adquisición de equipos, formación y gastos de funcionamiento.
De acuerdo con el texto legal, el monto total asignado es de $100.810.319.998,50 y será repartido entre 1062 asociaciones de bomberos voluntarios de primer grado. A cada una de estas instituciones le corresponderán $94.924.971,75, recursos que se destinarán a la compra de equipamiento, materiales, uniformes y otros insumos relacionados con la lucha contra incendios y la protección civil, así como al mantenimiento del material existente.
Esta resolución se conoce en un marco de emergencia ambiental en el sur argentino, donde los focos ígneos continúan avanzando sobre el bosque nativo pese a algunas precipitaciones débiles registradas recientemente. En áreas aledañas al Parque Nacional Los Alerces, Cholila y Trevelin, el fuego se mantiene activo y las autoridades locales sostienen el alerta máximo. Desde la Federación Chubutense de Bomberos señalaron que el personal está exhausto: “Los bomberos están cansados”, afirmaron, al destacar que algunos brigadistas acumulan más de veinte días de trabajo sin pausa.
El plan de distribución de recursos aprobado por el Ministerio de Seguridad Nacional no se circunscribe a las asociaciones de primer grado. La normativa también asigna $7.754.639.995,93 a las entidades de segundo grado provinciales, detalladas en el Anexo II de la resolución, para cubrir gastos de funcionamiento, representación y cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley 25.054. Un importe idéntico será dirigido a esas mismas entidades para costos de capacitación de bomberos voluntarios y sus directivos.
Asimismo, se destinaron $2.584.880.009,64 a la Agencia Federal de Emergencias, a través de la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios, para enfrentar erogaciones vinculadas a fiscalización, compra de equipos, formación, subsidios extraordinarios y otras funciones previstas en la ley. Por su parte, el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina recibirá $7.754.640.000 para el funcionamiento y desarrollo de la Academia Nacional de Capacitación, y otros $2.584.880.000 para gastos operativos y de representación.
La resolución determina que los desembolsos se realizarán de forma progresiva, de acuerdo con los ingresos que se registren en la cuenta recaudadora del Banco Nación y con las partidas presupuestarias asignadas para cada trimestre. También se fija como criterio prioritario la presentación en tiempo y forma de las rendiciones de cuentas por parte de las entidades beneficiarias. Aquellas instituciones que presenten irregularidades administrativas no percibirán los fondos hasta que regularicen su situación.
El documento oficial subraya, además, que todos los bienes adquiridos con estos subsidios deberán ser inventariados y, en ciertos casos, identificados públicamente con la leyenda: “Subsidio Nacional Ley N° 25.054. Ministerio de Seguridad Nacional – Presidencia de la Nación”. También se exime a las entidades del pago de impuestos nacionales y tasas aduaneras para la importación de equipamiento.
La decisión del Ejecutivo nacional se produce en momentos en que los gobernadores del sur del país insisten en la necesidad de avanzar con la ley de emergencia ígnea. En los últimos días, Ignacio Torres, junto a otros mandatarios patagónicos, reclamó que el proyecto sea tratado con urgencia en el Congreso, al advertir que la magnitud del desastre —con aproximadamente 230.000 hectáreas afectadas en toda la región— requiere de herramientas excepcionales y partidas específicas.
Mientras tanto, el combate contra las llamas continúa en el terreno, con brigadistas provenientes de distintas provincias reforzando a los equipos locales. En paralelo, en Chubut avanza una investigación judicial para determinar posibles responsabilidades en el manejo inicial de los incendios.