El Gobierno de Tucumán implementará un mecanismo administrativo que le permitirá recuperar posesiones de terrenos públicos ocupados ilegalmente, sin necesidad de iniciar un proceso judicial en cada caso. La herramienta, conocida como facultad de autotutela, autoriza a la propia administración a actuar directamente en defensa de su patrimonio.

La medida apunta a agilizar la restitución de inmuebles fiscales que han sido usurpados en diversas zonas de la provincia. Según explicaron fuentes oficiales, el procedimiento se activará cuando se detecte una ocupación irregular, permitiendo a los agentes estatales proceder al desalojo de manera inmediata, siempre que se respeten los derechos de defensa de los ocupantes.

El marco legal para esta acción se sustenta en el principio de que el Estado, como titular de los bienes, tiene la atribución de protegerlos y recuperarlos por sus propios medios. Este camino alternativo busca evitar la dilatación de los trámites judiciales, que en muchos casos pueden extenderse por años, manteniendo la situación de ilegalidad.

Entre las áreas prioritarias para la aplicación de este sistema se encuentran terrenos en la zona de El Cadillal y en la región de Tafí del Valle, donde se han identificado numerosas ocupaciones. La administración provincial ya realizó un relevamiento para cuantificar y documentar estos casos.

La iniciativa contó con el análisis del Ministerio de Gobierno, a cargo de Daniel Abad, y de la secretaria de Seguridad, Gilda Pedicone. Ambos funcionarios coincidieron en la necesidad de contar con un instrumento ágil y efectivo para disuadir nuevas usurpaciones y resolver las existentes.

El gobernador Osvaldo Jaldo había manifestado previamente su preocupación por el avance de ocupaciones irregulares en tierras fiscales, especialmente en regiones con valor turístico o ambiental. La nueva herramienta pretende ser una respuesta contundente desde el ámbito administrativo para frenar esta práctica.

No obstante, desde el Ejecutivo aclararon que el procedimiento de autotutela se ejecutará con estricto apego a las normas, garantizando el derecho a ser oído de los posibles afectados. La decisión final de recuperación física del inmueble quedará formalizada mediante un acto administrativo debidamente fundado.

La expectativa de las autoridades es que esta facultad, combinada con un mayor control territorial, permita reducir de manera significativa el número de tierras públicas ilegalmente ocupadas en toda la provincia, resguardando así el patrimonio fiscal para su destino social o productivo original.