El legislador Manuel Courel volvió a cuestionar la marcha de una investigación judicial después de que el fiscal regional Fernando Blanno desestimara su solicitud de acceso a las actuaciones. El conflicto gira en torno a la denuncia contra la intendenta de Graneros, Raquel Graneros, quien habría adquirido una propiedad en el country Las Yungas, en Yerba Buena, por más de U$S 1 millón en efectivo.
Blanno fundamentó su rechazo en seis páginas, recordando que conforme al artículo 148 del Código Procesal Penal de Tucumán, el denunciante no integra el proceso. Además, señaló que la Justicia ya le había negado a Courel la posibilidad de actuar como querellante. El fiscal consideró que no existe un «interés legítimo» diferenciado que justifique conceder acceso a las actuaciones, ya que el cargo de legislador por sí solo no genera una vinculación particular con la causa.
El representante del Ministerio Público Fiscal argumentó que, aunque existe relevancia institucional en investigar presuntos actos de corrupción en funciones públicas, ese interés colectivo no constituye una situación jurídica singular que habilite el acceso individual al expediente. Blanno concluyó que Courel carece del interés requerido por el artículo 228 del Código Procesal Penal de Tucumán.
Ante esto, el parlamentario descargó su frustración y denunció un presunto «manto de impunidad» que envuelve la causa. Courel sostuvo que no ha habido avances reales y que todo apunta a una protección deliberada hacia la intendenta. «La realidad es que la causa no avanzó absolutamente nada. Ahí queda claro lo que es este sistema de impunidad que está cubriendo esta causa y a todo el sistema político de Tucumán», expresó.
El legislador también apuntó directamente contra Edmundo Jiménez, jefe del Ministerio Público Fiscal, acusándolo de haber impartido una directiva para frenar la investigación. Courel afirmó que existe una orden desde niveles superiores para paralizar el avance del expediente y anunció que solicitarán una audiencia con Jiménez para plantear sus reclamos. Incluso, no descartó impulsar un juicio político contra el fiscal.
Según Courel, pese a aportar múltiples pruebas, la investigación no habría progresado más allá del envío de un oficio al country Las Yungas. Esa demora, argumentó, permitió que la parte denunciada dispusiera tiempo para «acomodar todas sus cosas», incluyendo lo que describe como un cambio de titularidad del boleto de compraventa del inmueble.
Graneros ha evitado pronunciarse públicamente sobre el tema, mientras que su abogada, Paula Morales Soria, negó categóricamente que la propiedad pertenezca a la intendenta. «Lo que manifiesta (el legislador) en los medios es completamente falso. Que deje de incurrir en delitos haciendo una gira mediática por todos los medios digitales de la provincia», señaló la letrada.
La presentación de Courel, patrocinada por el abogado Luis María Díaz Augier, había sido presentada en junio de 2026.