Más de tres meses han transcurrido desde que un grupo de dirigentes políticos presentara una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito en contra de Raquel Graneros, intendenta del municipio homónimo. Hasta ahora, los denunciantes expresan su frustración por la falta de progresos en la investigación y amenazan con medidas más drásticas si la situación no cambia.
El legislador Manuel Courel, integrante de Cambia Tucumán, el abogado Luis Díaz Augier —ex postulante a intendente de Alberdi— y el concejal Luis Escobar de Simoca, todos vinculados al ex intendente de Yerba Buena Mariano Campero, iniciaron la acción legal a principios de junio cuestionando la compra de un inmueble en el country Las Yungas, ubicado en Yerba Buena, tasado en más de un millón de dólares estadounidenses.
En sus conversaciones con medios locales, los accionantes manifestaron preocupación por el ritmo de trabajo del juzgado. Courel señaló que durante estos meses apenas se ha tramitado un informe solicitado a Las Yungas para verificar si las expensas de la propiedad constan registradas bajo el nombre de la intendenta. «Pedimos un montón de otras pruebas para que se intime a Las Yungas con el fin de establecer si efectivamente es propietaria y no se hizo absolutamente nada», apuntó.
Según detalló, la causa transitó por las manos del fiscal Diego Hevia y posteriormente recayó en Fernando Blanno, del Ministerio Público, sin que en ninguno de los casos se hubiera promovido las medidas requeridas. El legislador también mencionó que solicitaron actuar como querellantes para impulsar pruebas que el fiscal no estaría requiriendo, petición que fue rechazada.
Courel también estableció una comparación incómoda con otro expediente judicial. «Es sorprendente la impunidad con que se están manejando, no así con el caso de las mujeres inundadas que fueron procesadas en el transcurso de una semana. Es un escándalo», cuestionó, haciendo referencia al desigual tratamiento en la persecución penal de diferentes casos.
Los denunciantes concurren regularmente al Centro Judicial Concepción sin lograr respuestas concretas. Courel advirtió que si la investigación no avanza, «estamos analizando denunciar al fiscal y pedir juicio político al fiscal por la inacción».
Díaz Augier coincidió en el diagnóstico. Afirmó que desde principios de junio no ha habido «un avance sustancial» y que esta semana buscará contactar al fiscal para conocer su posicionamiento frente al caso. «Ya pasó mucho tiempo y cada vez es más dificultosa la investigación», señaló, reiterando la posibilidad de solicitar el juicio político si persiste la parálisis procesal.
Escobar también expresó su descontento y amplió la crítica hacia el sistema de justicia provincial en su conjunto. «Lamentablemente no hay avances por parte de la Justicia» y agregó que esta realidad «profundiza el desencanto de la ciudadanía con el sistema judicial provincial». El dirigente sostuvo que «cada vez los tucumanos nos decepcionamos más de la Justicia tucumana por la vaguedad investigativa que hay contra la corrupción en la provincia».
El expediente se encuentra actualmente bajo la responsabilidad de Fernando Nicolás Blanno, fiscal de Cámara Penal I del Centro Judicial Concepción de Tucumán, quien deberá definir los pasos siguientes en la investigación.