Los herederos de Mendo Masmud presentaron una demanda ante la Justicia de Yerba Buena solicitando que se investigue si un incendio ocurrido en un galpón a fines de julio fue provocado intencionalmente por un familiar en el contexto de un prolongado conflicto por la propiedad del inmueble. La denuncia señala que el siniestro estaría vinculado a amenazas previas realizadas por Alejandro Masmud, quien habría alquilado el predio a un tercero tras falsificar documentos de propiedad.
El caso tiene raíces profundas. Mendo Masmud falleció el 22 de enero de 1976 dejando como herencia a sus seis hijos un campo ubicado en Mendoza al 2.700, en La Rinconada. Décadas después, los herederos descubrieron un poder notarial que supuestamente su padre había firmado en 1989 —trece años después de su muerte— a favor de su tío, Reyes Masmud. Con ese documento, Reyes se presentó en 2003 ante una escribanía e instrumentó la venta del campo a su propio nombre. En 2007 efectuó una donación del terreno a su hijo, Alejandro Ramón Masmud.
En diciembre de 2013 los herederos iniciaron una acción por falsedad de documentos ante el Juzgado Civil y Comercial III. Después de años de litigios, en septiembre de 2024, el Juzgado de primera instancia declaró la nulidad e inexistencia de todos los instrumentos fraudulentos y ordenó la cancelación de los asientos registrales. En abril de 2025, la Sala II de la Cámara Civil y Comercial confirmó esa sentencia y en abril de 2026 la Corte Suprema de Tucumán rechazó el recurso de casación presentado por Reyes Masmud y su hijo, confirmando definitivamente la nulidad. «En doce años hubo tres instancias y un resultado unánime: los herederos de Mendo Masmud son los legítimos dueños y los instrumentos usados para robarles el campo eran falsos», afirmó Santiago Martínez López Pondal, abogado de los demandantes.
Pocas semanas después de que la Corte Suprema fallara a su favor, cuando los herederos ejercían actos de posesión del lote, Alejandro Masmud los denunció como usurpadores. La presentación originó un sumario policial e inició una acción de amparo ante el Juzgado de Paz Letrado de Yerba Buena, presentando como prueba los mismos documentos que ya habían sido declarados falsos e inexistentes. Los herederos solicitaron que la denuncia fuera archivada por carecer de sustento, dado que la titularidad ya había sido reconocida mediante sentencia firme.
El conflicto tiene antecedentes aún más antiguos. En febrero de 2014, el Juzgado Civil y Comercial III había dictado una medida cautelar de no innovar sobre el inmueble, ordenándole a Alejandro Masmud abstenerse de modificar su estado de hecho y de derecho. Según Martínez López Pondal, esa orden fue violada. En 2015 Masmud se presentó ante un escribano para formalizar la aceptación de la donación e inscribirla en el Registro Inmobiliario.
Una segunda violación habría ocurrido cuando Alejandro Masmud alquiló desde 2021 una porción del predio a una empresa para que funcionara como depósito de cables de fibra óptica, sin contar con título legítimo sobre el campo y violando la medida de no innovar. Los herederos solicitaron que se investigara esto como presunta estafa agravada, ya que la empresa habría pagado alquileres creyendo en la validez de una documentación que ya estaba siendo cuestionada judicialmente. La denuncia sostiene que Masmud le exhibió la escritura de 2007 como si fuera un título válido.
Según la presentación, cuando los representantes de la empresa supieron de la situación legal del predio a través de los herederos, se ofrecieron a devolverlo. Fue entonces cuando, según denunció Martínez López Pondal, Alejandro Masmud amenazó con incendiarles los vehículos y materiales.
El 24 de julio se produjo un incendio en el inmueble que destruyó una camioneta y parte del predio. El siniestro requirió la intervención de tres dotaciones de bomberos y generó preocupación por la presencia de cables de fibra óptica y la proximidad de cables de alta tensión. «La secuencia —amenaza previa, incendio posterior que destruye exactamente lo amenazado— genera indicios graves y concordantes de autoría dolosa», indicó el abogado de los hermanos Masmud. Por eso pidieron que se investigue el origen del siniestro, se incorporen el acta de Bomberos y las actas policiales, y que la persona que arrendaba el galpón sea citada a declarar.
La causa se encuentra radicada en la Unidad Fiscal de Decisión Temprana, donde se analizará el legajo antes de su eventual derivación a una fiscalía especializada. La presentación también solicita que se investigue a Alejandro Masmud por presunta estafa por cobro de alquileres sobre un inmueble cuyo título fue declarado nulo, por introducción clandestina de un tercero en inmueble ajeno, y por presunta desobediencia a una orden judicial. Además, pide que se archive la denuncia por usurpación formulada contra Juan Carlos Masmud y los demás herederos, y que se adopten medidas para impedir nuevas acciones sobre el inmueble.
«Los herederos de Mendo Masmud no piden nada extraordinario. Piden lo que la Corte Suprema ya les reconoció: recuperar el campo de su padre. Nada más. Nada menos», concluyó Martínez López Pondal.