Polémica en Benjamín Paz: la defensa de «El Militar» Sosa denuncia que le limitan la lectura de la Biblia

A pesar de los planteos presentados por la representación legal de Felipe «El Militar» Sosa, señalado como responsable del homicidio de Érika Antonela Álvarez, continuará detenido de forma preventiva por un período mínimo de cuatro meses adicionales en el establecimiento penitenciario de Benjamín Paz.

La decisión fue tomada durante la mañana por el magistrado a cargo, luego de que el Ministerio Público Fiscal solicitara una extensión del plazo de la medida cautelar en el marco de la investigación del hecho ocurrido el 7 de enero pasado en la ciudad de Yerba Buena.

Reconstruyeron el traslado del cuerpo de Érika Álvarez al basural

En el desarrollo de la audiencia, el defensor del imputado, Marcelo Cosiansi, reiteró que su cliente vive en condiciones de aislamiento desde su ingreso a la nueva unidad carcelaria. Señaló que, aunque se le había autorizado el acceso a material de lectura, únicamente se le permite disponer de la Biblia durante treinta minutos por la mañana y una hora por la tarde.

Ante esta situación, Cosiansi solicitó el traslado del acusado hacia la penitenciaría de Villa Urquiza, cuyo régimen disciplinario es considerado menos riguroso. Cuatro meses atrás, ya había denunciado que al interno no se le permitía contactarse visualmente con otros reclusos, era movilizado por agentes con el rostro cubierto y no podía ver los semblantes de nadie, lo que le había generado una pérdida de la percepción temporal en un marco de aislamiento severo.

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A pesar de ello, no se reportaron modificaciones en las condiciones de la prisión preventiva, la cual fue prorrogada por cuatro meses adicionales a solicitud de la auxiliar fiscal Carolina Brito. Asimismo, el período de pesquisa se extendió por un mes, dado que, de acuerdo a la representante del Ministerio Público, aún falta concluir diversas diligencias probatorias y se mantienen vigentes los riesgos procesales de fuga y de obstrucción de la investigación.

De acuerdo a la acusación fiscal, el 7 de enero a las 3:37, Érika partió de su domicilio ubicado en Gerónimo Helguera 1701 utilizando un servicio de Uber, con rumbo a la residencia de Felipe Sosa, situada en la calle Santo Domingo 1100, unidad «B», de la localidad de Yerba Buena, adonde arribó a las 3:50.

Entre ese horario y las 7:00, Sosa habría agredido a Érika con extrema violencia, causándole la muerte. Posteriormente, trasladó el cuerpo hasta un terreno baldío en la zona de Manantial Sur, donde lo abandonó. El estudio forense reveló que los traumatismos a nivel cráneo-facial le ocasionaron equimosis en las regiones frontal derecha, superciliar derecha, periocular derecha, cigomático-malar derecha, occipital derecha y parietal izquierda, además de una luxación de las articulaciones témporo-mandibulares con separación del macizo mandibular de las cavidades glenoideas temporales y luxación de vértebras cervicales, estableciendo como causa del fallecimiento un traumatismo cráneo-facial y cervical.

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