En la investigación del homicidio de Érika Antonella Álvarez, el examen de los teléfonos móviles de los involucrados se presenta como un elemento fundamental para el desarrollo de la causa. Las pericias ya han comenzado de forma parcial con los dos dispositivos incautados al detenido Felipe “El Militar” Sosa, a la espera de extender el análisis a los equipos de otras personas mencionadas. En forma paralela, se buscan métodos tecnológicos para recuperar datos del celular de la víctima, que aún no ha sido localizado.
Los smartphones son centrales en la vida diaria y de ellos puede obtenerse una vasta y diversa cantidad de información:
– Historial de ubicaciones y horarios en los que se encontró su dueño.
– Lista de contactos que ayuda a establecer vínculos y conexiones.
– Mensajes de texto y grabaciones de audio;
– Imágenes y filmaciones de encuentros, individuos y lugares;
– Recibos de compras, operaciones bancarias y movimientos de fondos.
Objeto de estudio
Dentro de la pesquisa por la muerte de Érika, los investigadores disponen de varios teléfonos para analizar. Entre estos se incluyen los de exparejas de la fallecida, secuestrados en allanamientos; los aportados voluntariamente por un individuo conocido como “Deivid”, también citado en la investigación; y los dos aparatos decomisados a Sosa al momento de su arresto en la provincia de Buenos Aires.
Los letrados del único imputado por homicidio simple facilitaron las claves de acceso para un equipo Samsung y un iPhone. Según lo informado, el primero sería utilizado por el acusado para asuntos laborales, mientras que el segundo correspondería a su vida privada.
El jueves cerca del mediodía, los peritos iniciaron la extracción de datos. Solo fue posible proceder con el Samsung, dado que la clave provista para el otro dispositivo resultó incorrecta. Los defensores del detenido atribuyeron el contratiempo a un equívoco y garantizaron que en las próximas horas brindarían el código PIN válido.
Para los pesquisas, este incidente no es un detalle menor. Por un lado, no pudieron ingresar al único teléfono considerado inexpugnable sin la autorización de su propietario. Por otro, se trata precisamente del aparato de uso personal.
Las expectativas sobre lo que podría hallarse en ese celular varían según las partes. Los acusadores e investigadores sostienen que allí podrían existir elementos cruciales sobre lo sucedido el día del crimen, no solo para confirmar o descartar que Sosa la haya convocado al sitio. Los defensores afirman que no se encontrará nada comprometedor.
De acuerdo con la línea del fiscal Carlos Picón, el imputado podría haber organizado reuniones donde se consumían estupefacientes y se practicaba sexo grupal. El análisis del teléfono permitiría, en principio, identificar a otros participantes, que podrían ser personas de alto nivel económico o con nexos en ábitos de poder. También podría arrojar luz sobre una eventual colaboración para facilitar la fuga del acusado, tal como sospechan los investigadores.
El dispositivo de la fallecida
El teléfono de Érika sigue sin aparecer. Los pesquisas consideran que el o los autores del hecho lo destruyeron y lo desecharon en un lugar indeterminado. No obstante, estiman que no lograron borrar toda la evidencia que podría residir en él. Existen recursos tecnológicos que permiten acceder a datos relevantes sin tener el aparato físicamente. “Sabemos que hay varias herramientas que pueden asistirnos. Mantuvimos un encuentro con los peritos del Equipo Científico de Investigación Fiscal para progresar en ese camino”, detalló el querellante Carlos Garmendia.
Los investigadores están persuadidos de que el celular de Érika ayudará a despejar varios de los puntos oscuros del caso. No solo podría reconstruirse cuáles fueron sus movimientos previos al asesinato, sino también aportar otros elementos de interés.
Un dato favorece la pesquisa: los familiares de la víctima indicaron que Érika tenía el hábito de documentar su vida cotidiana mediante fotos y videos. “No solo registraba todo lo que hacía, sino que además ordenaba ese material en carpetas específicas. Entendemos que, si se logra recuperar esa información, tendrá un valor probatorio muy significativo”, señalaron.
Allanamientos: incautaron diversos elementos en la empresa de “El Militar”
Una caja fuerte que no pudo ser abierta y fue sellada con una faja de seguridad; 20 escopetas disuasivas; cuatro paquetes de bolsas de residuos negras; otros cuatro artículos del mismo producto; y el disco de almacenamiento de las cámaras de vigilancia del lugar.
Esos fueron los ítems secuestrados por personal de la División Homicidios durante un allanamiento efectuado en una de las sedes de Sosa Group, la empresa de seguridad vinculada a Felipe Sosa. La medida, solicitada por el fiscal Carlos Picón y dirigida por los comisarios Susana Montero, Carlos Díaz y Diego Bernachi, se concretó en el sector operativo de la firma, que presta servicios en comercios, barrios privados y countries de distintos puntos del Gran San Miguel de Tucumán.
El inmueble allanado se ubica en El Manantial, departamento Lules, y -según indicaron fuentes de la investigación- no está lejos del terreno baldío donde fue hallado el cadáver de la víctima. Para los pesquisas, el hallazgo más relevante fueron las bolsas de consorcio, ya que el cuerpo de Érika fue introducido en una de ellas antes de ser abandonado. “Se trata de un artículo que se vende en cualquier negocio y que está presente en la mayoría de los hogares tucumanos”, señaló Marcelo Cosiansi, uno de los defensores del imputado. También será objeto de estudio el material registrado por las cámaras de seguridad del sitio.
Sin embargo, investigadores con mayor experiencia consideraron poco probable que las imágenes aporten datos de peso para la causa. Durante el debate en el que se le dictó la prisión preventiva, Sosa afirmó que, tras dejar su carrera en la Legión Extranjera -cuerpo de élite del Ejército francés-, se dedicó a la actividad empresarial. En ese marco, sostuvo que actualmente es socio gerente de la compañía y que percibe un salario mensual de $1,2 millón. El jueves se realizó otro allanamiento en oficinas vinculadas al imputado. En esa oportunidad, se incautaron cinco camionetas y armas de fuego.