Son 16 las comunas tucumanas que durante los primeros seis meses del año suscribieron convenios de asistencia con el Gobierno provincial, liderado por Osvaldo Jaldo. De ese total, 11 localidades decidieron transferir la totalidad de los fondos de coparticipación a la administración central, para que esta se ocupe de manera directa del pago de los salarios municipales, en el marco de la Asistencia Fiscal Municipal. Por otro lado, cinco distritos firmaron el Acuerdo Fiscal de Asistencia Financiera, un mecanismo que les permite acceder a apoyos económicos ante desequilibrios presupuestarios. Pese al contexto inflacionario, voceros del Ejecutivo provincial indicaron que los montos acordados no registraron incrementos. «Se mantienen los mismos valores que el ejercicio anterior», sostuvieron, una situación que fuerza a las intendencias a realizar un estricto recorte de sus erogaciones mensuales.
La merma en los ingresos por coparticipación federal (se estima una reducción de $44.000 millones para Tucumán en comparación con enero-febrero de 2025) y la contracción de la recaudación propia complican las proyecciones de la Provincia. Este escenario se ve agravado por la persistente inflación y la incertidumbre generada por el conflicto internacional. «No podemos ofrecer un peso adicional, porque no está disponible y porque no comprometeremos fondos que no podamos destinar al pago de haberes», explicó Jaldo durante la firma de acuerdos paritarios con gremios docentes. Este mismo principio rigió las negociaciones con los gobiernos locales.
Sin actos públicos
Contrariamente a lo ocurrido en gestiones anteriores, la rúbrica de los convenios no fue acompañada de actos fotográficos ni comunicados oficiales de los intendentes. A fines de febrero, el Boletín Oficial dio cuenta de los Decretos N° 113/3 y N° 114/3 del Ministerio de Economía, que autorizaban al Poder Ejecutivo a firmar el Acuerdo Fiscal Municipal. Los municipios listados fueron Aguilares, Alderetes, Tafí Viejo, Banda del Río Salí, Bella Vista, Famaillá, Juan Bautista Alberdi, San Isidro de Lules, Monteros, Tafí del Valle y Yerba Buena. El Acuerdo de Asistencia Financiera, en tanto, fue suscripto por Graneros, La Cocha, Simoca, Trancas y Las Talitas. San Miguel de Tucumán, Concepción y Burruyacu permanecen al margen de cualquier esquema de asistencia provincial.
Los montos específicos acordados entre los ministros Daniel Abad (Economía) y Darío Monteros (Interior) con cada jefe comunal no fueron divulgados. «Se está manejando un presupuesto más ajustado para el próximo semestre», señalaron fuentes vinculadas a municipios del oeste provincial, quienes anticiparon una disminución que oscilaría entre el 12% y el 15% respecto al año pasado. Consideraron que este panorama exigirá a los intendentes adheridos al «Pacto Fiscal» una reorganización interna, dado que el factor inflacionario continuará presente.
En el marco del Acuerdo Fiscal Municipal, como es habitual, se estableció que las asistencias serán reintegrables, garantizadas con la totalidad de los recursos correspondientes por Coparticipación Federal (Ley N° 6.316) y el Fondo de Desarrollo del Interior (Ley N° 6.650). El documento tendrá una vigencia de seis meses, periodo durante el cual los municipios se comprometen a: no contraer deudas con organismos nacionales o internacionales; coordinar y optimizar sus sistemas de recaudación; reducir el gasto total; no incrementar la planta de personal; y abstenerse de iniciar acciones legales contra la Provincia, desistiendo además de cualquier litigio previo.
Gestión independiente
Concepción fue la última comuna en abandonar el Acuerdo Fiscal Municipal, en 2024. Su intendente, Alejandro Molinuevo, afirmó que alejarse del «Pacto Fiscal» benefició al distrito, ya que el flujo de recursos prácticamente se duplicó. «Nuestra situación es buena. Gozamos de autonomía y no necesitamos gestionar ante nadie», manifestó. Expresó que estarán en una posición aún más favorable si prospera la demanda judicial contra la Provincia para que la Legislatura elabore una nueva Ley de Coparticipación, al considerar que la normativa vigente es antigua y distribuye los fondos de manera inequitativa.
