Hace una semana, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el aumento del boleto mínimo de colectivo, llevándolo de $84 a $120. Los bloques coincidieron en que la actualización era necesaria, debido a que el último aumento había sido en noviembre del año pasado y la inflación desde entonces no ha dado tregua al país.
Sin embargo, el aumento todavía no se ha hecho efectivo en las líneas urbanas del área metropolitana. ¿Por qué? Porque el intendente Germán Alfaro todavía no promulgó la ordenanza, un paso ineludible para efectivizar cualquier medida aprobada por el cuerpo colegiado de ediles.
Distintos medios aseguran que Alfaro no promulgará ni vetará la ordenanza. En los casos en los que el intendente «ignora» lo aprobado por el Concejo Deliberante, la normativa se promulga «automáticamente» al cabo de ocho días hábiles desde que el Departamento Ejecutivo recibe la comunicación correspondiente.
Es decir, si el intendente no promulga ni veta durante esta semana, el viernes comenzaría a regir de hecho el nuevo precio del boleto. Esta efectivización es la que esperan, además de los empresarios del sector nucleados en la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), la Secretaría de Transporte y los legisladores, para actualizar el precio del boleto interurbano.
Tucumán sufrirá un incremento del 43% en el boleto de colectivo, incluyendo a los urbanos e interurbanos, lo que hará que el traslado desde Yerba Buena hacia la Capital provincial y viceversa se convierta en otro golpe al bolsillo en medio de una severa crisis del sistema de transporte: los empresarios aseguran trabajar a pérdida, debido a que el precio está «planchado» y que los subsidios no son suficientes para el mantenimiento, con una marcada asimetría con el sector del centro del país. Lo cierto es que los usuarios de Tucumán sufren un servicio deficitario, con unidades sin mantenimiento, una frecuencia baja y reiterados cortes del servicio por paros que se deben al retraso en el pago de los sueldos a los choferes.
El debate sobre qué hacer con el servicio de transporte está instalado en la agenda provincial y se espera que la gestión de Rossana Chahla, que reemplazará a Germán Alfaro en la intendencia capitalina, tome medidas al respecto. Se especula con la posibilidad de una sociedad anónima con participación estatal, en la que la intendencia y la Provincia puedan verificar la recaudación y el ingreso de subsidios, como así también los costos y cuál debería ser el verdadero precio del boleto de colectivo. Esta iniciativa es impulsada por un sector del oficialismo provincial, pero seguramente se esperará a la nueva composición del Concejo Deliberante para avanzar con un proyecto de ordenanza.