La concejala Agustina Simón Padrós, el legislador Manuel Courel y el vecino famaillense Leandro Reynoso impulsan una iniciativa para que el gobernador Osvaldo Jaldo ordene revisar el contrato de la Empresa de Distribución de Energía Eléctrica de Tucumán (EDET). Los tres dirigentes, vinculados al diputado libertario Mariano Campero, reclaman la apertura de un procedimiento integral que evalúe el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Simón Padrós expresó su preocupación por los valores que alcanzan las facturas en la provincia, señalando que Tucumán registra algunas de las tarifas más elevadas del país a pesar de ser una de las provincias más pequeñas. La situación se agrava, según indicó, por los cortes de suministro y las caídas de tensión que se registran durante el verano.
Courel presentó un proyecto de resolución ante la Legislatura el viernes pasado, solicitando al Poder Ejecutivo provincial que, junto con el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán (Ersept), lleve adelante una revisión documentada del contrato. El proyecto busca evaluar el cumplimiento de las inversiones comprometidas, los niveles de calidad del servicio, el mantenimiento y ampliación de redes, así como la frecuencia y duración de las interrupciones.
Un aspecto central del reclamo es la clarificación de los criterios aplicados por EDET para determinar los montos facturados, incluyendo la composición de las boletas, tasas de interés, recargos, planes de pago, plazos para suspensión y condiciones de reconexión.
Reynoso ha sido el impulsador de esta movilización, recolectando firmas entre vecinos de Famaillá. En sus planteos, solicita tanto al gobernador como a la Legislatura que impulsen de inmediato la revisión de la concesión y convoquen a una nueva licitación, argumentando que tras 30 años de servicio deficiente, resulta necesario cambiar las reglas del sector eléctrico provincial.
Desde EDET argumentaron que los aumentos reflejados en las facturas desde mediados de julio responden a modificaciones anunciadas a fines de abril. Guillermo Autino, titular del área de Comunicación y Relaciones con la Comunidad de la empresa, explicó que los cambios incluyen la Revisión Tarifaria Integral (RTI), que incrementó el valor agregado de distribución en un 18 %, aplicado en dos tramos desde mayo. El segundo componente corresponde al costo de la energía, que para usuarios residenciales aumentó un 20 %, sumando un total del 38 %. Para comercios y usuarios de tarifa general, la suba fue mayor: además del 18 % de la actualización tarifaria, el costo de la energía creció un 26 %, resultando en un incremento total de aproximadamente el 44 %.