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La Justicia dispuso este martes la prisión preventiva por tres meses para Justina Gordillo, ex pareja del detenido Felipe “El Militar” Sosa, en el marco de la investigación por el asesinato de Érika Antonella Álvarez. La medida fue confirmada por el juez federal Carlos Garmendia.
Gordillo, empleada judicial, fue imputada por el delito de encubrimiento agravado. Las sospechas sobre su participación se incrementaron tras conocerse que Sosa le había otorgado un poder general para administrar sus empresas y manejar sus cuentas bancarias, según pudo confirmar este medio.
La defensa de la imputada, a cargo de la abogada María Florencia Abdala, había solicitado su excarcelación, argumentando la falta de antecedentes y su arraigo en la provincia. Sin embargo, el magistrado consideró que existen elementos concretos que la vinculan con la supuesta ocultación de bienes del principal acusado, lo que podría obstaculizar la investigación.
La audiencia se desarrolló en el Centro de Justicia Penal de Yerba Buena, donde Gordillo esperó junto a su letrada el momento de declarar. La fiscalía, representada por Pedro Gallo, sostuvo que el poder notarial concedido por Sosa le habría permitido a Gordillo mover fondos y propiedades, facilitando una eventual maniobra para diluir el rastro económico del líder de la banda criminal.
Este nuevo indicio se suma a las pruebas que viene recabando la Unidad Fiscal de Secuestros Extorsivos y Trata de Personas. El caso continúa abierto y se esperan más declaraciones en las próximas semanas, mientras “El Militar” Sosa permanece detenido en la Alcaldía de la ex Jefatura de Policía, acusado de ser el autor intelectual del crimen de la joven Érika.