La propuesta fue impulsada por la edil Gabriela Garolera y crea el Programa Municipal de Ejemplaridad, Transparencia y Aptitud Integral en la Función Pública, que impone análisis preventivos, periódicos y aleatorios a miembros del Departamento Ejecutivo, concejales, jueces de faltas y personal de gabinete.
Una iniciativa que surge en un contexto complejo
El proyecto no aparece en un escenario político neutro. Su discusión se produce mientras avanza una causa que indaga el fallecimiento de una joven, donde una empleada del Poder Judicial es cuestionada públicamente -aunque no formalmente imputada- por su relación personal con uno de los principales sospechosos, lo que generó dudas sobre posibles encubrimientos.
En este marco, las dudas no se limitan a un solo individuo, sino que se proyectan sobre el funcionamiento general de la Justicia, alimentadas por relatos sobre una reunión social previa al deceso de la víctima, presunto uso de estupefacientes y dilaciones que carecen aún de una explicación pública sólida.
Sin hacer acusaciones formales, la ordenanza apunta al núcleo del conflicto: la debilidad institucional ante intereses ajenos, consumos problemáticos o presiones personales que puedan incidir en las decisiones de gobierno.
Los puntos centrales de la normativa
La iniciativa determina que los funcionarios deberán realizarse controles toxicológicos exhaustivos, que abarcan cocaína, marihuana, drogas de diseño, benzodiacepinas y opiáceos, entre otras sustancias, bajo estrictos protocolos de cadena de custodia, confidencialidad y derecho a contraanálisis.
El texto se sustenta en la Constitución Nacional, la Constitución de Tucumán y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y argumenta que no es posible enfrentar el narcotráfico ni asegurar justicia si quienes gobiernan o administran justicia están expuestos a consumos riesgosos o influencias externas.
El trasfondo político de la medida
Más allá del detalle técnico, la ordenanza opera como una señal política directa en medio de una crisis institucional: la demanda social de que quienes ejercen autoridad brinden garantías concretas de idoneidad, claridad mental y conducta ejemplar, sobre todo cuando un hecho trágico dejó al descubierto vínculos personales, omisiones incómodas y un sistema judicial cuestionado.
En un clima donde cada resolución judicial es mirada con recelo, el debate iniciado en Yerba Buena probablemente trascienda lo municipal para instalarse en una discusión más amplia: hasta dónde está dispuesto el poder a fiscalizarse a sí mismo.
FUENTE: Que Diario