A casi dos semanas del hallazgo del cuerpo sin vida de Érika Álvarez en un descampado de Manantial Sur, se inició formalmente el juicio contra Felipe Sosa, señalado como el principal responsable del homicidio de la joven de 25 años. La primera vista se desarrolló de forma telemática y abordó tres ejes fundamentales, incluyendo la acusación formal.
El magistrado Bernardo L´Erario, a cargo de la causa, presidió la audiencia, que arrancó con la confirmación de los datos personales del imputado por parte del Ministerio Público Fiscal, representado por Carlos Picón, titular de la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria, y su auxiliar, Guillermo Giordano.
Este primer intercambio generó tensiones. Luego de un extenso interrogatorio, el equipo defensor de Sosa, integrado por los letrados Rubén Flores, Isaías Díaz Romero, Sergio Díaz Juárez y Marcelo Cosiansi, objetó ante el juez la cantidad de consultas dirigidas a su representado. L´Erario dio lugar al reclamo y ordenó concluir esa fase inicial. Entre la información relevante, Sosa admitió tener antecedentes militares, confirmó ser propietario de la firma «Seguridad Objetiva» y declaró un ingreso mensual de $1.250 millones como empleado.
A continuación, se abordó el primero de los tres puntos cruciales del día: la discusión sobre la legalidad de la aprehensión de Sosa. La defensa sostuvo que se trató de un procedimiento irregular, ya que su cliente no tenía conocimiento de que era investigado. Asimismo, desmintieron que su viaje a Buenos Aires, donde fue capturado, fuera con intención de fuga, argumentando que era un traslado planificado con anterioridad. Díaz Romero, uno de los abogados, tildó el retorno de Sosa a Tucumán de «espectáculo para los medios».
Pese a los argumentos de la defensa, el juez L´Erario ratificó que la detención fue ajustada a derecho, sin que se registraran vicios o afectaciones a las garantías del imputado.
La audiencia, que también contó con la presencia del abogado querellante Carlos Garmendia acompañado por Walter, padre de Érika, tiene previsto tratar otros dos ejes centrales: la imputación de cargos y las medidas restrictivas que se impondrán al acusado. Una vez finalizada, se definirá el rumbo del proceso penal.