La provincia tucumana avanza en la implementación de controles toxicológicos para funcionarios municipales y concejales de Yerba Buena, con previsión de que el sistema comience a funcionar durante octubre. El Ejecutivo local se encuentra actualmente en la etapa de reglamentación de la ordenanza 2544, sancionada en julio pasado, que contempla pruebas periódicas, aleatorias y previas al asunción de cargos.
Antes de que el dispositivo entre en vigencia, será necesario resolver una serie de cuestiones administrativas y operativas. El municipio deberá definir cuáles serán los laboratorios habilitados para realizar los análisis, establecer el universo inicial de funcionarios alcanzados, diseñar el mecanismo de sorteo para la selección, determinar quién sufragará los gastos y establecer protocolos rigurosos para preservar la cadena de custodia de las muestras.
La aprobación de la medida se concretó el 2 de julio tras una votación que resultó empatada 5 a 5 en el Concejo Deliberante. Los proyectos impulsados por Mauricio Argiró de Cambia Tucumán y Gabriela Garolera de Yerba Buena Somos Todos-PJ fueron unificados antes de la votación, siendo el presidente del cuerpo, Javier Jantus, quien debió inclinar la balanza a favor de la aprobación.
El debate previo a la votación fue intenso, con desacuerdos entre los ediles respecto del alcance de los controles, las drogas a detectar y los procedimientos a seguir. La ordenanza establece evaluaciones mínimas anuales, complementadas con exámenes al momento en que los funcionarios asumen sus funciones.
El panel toxicológico incluirá la detección de cocaína y sus derivados, cannabinoides como la marihuana, opioides y opiáceos, anfetaminas y metanfetaminas, benzodiacepinas, barbitúricos, alucinógenos y drogas sintéticas como el MDMA. Durante las discusiones también surgieron cuestionamientos sobre la amplitud que tendría este panel.
Garolera manifestó a LA GACETA que la ordenanza ya es ley municipal y que solo resta el armado operativo del sistema. Destacó que la puesta en marcha implica fijar detalles sobre los laboratorios, el financiamiento y los protocolos a seguir. «No es un proyecto común y corriente. Hay que llevarlo a cabo con mucho cuidado. Es un tema de salud y es muy delicado», expresó.
Argiró confirmó que los estudios se realizarán en laboratorios certificados, no en dependencias municipales. Enfatizó además que la selección de los funcionarios será aleatoria para que desconozcan con antelación si serán sometidos al procedimiento.
«Será por sorteo. Se comunicará con 24 horas de anticipación: tal día, a tal hora, tiene que estar en tal lugar para hacer la extracción de sangre», detalló el concejal.
Otro aspecto pendiente es la preservación de la cadena de custodia de las muestras. Garolera propuso que los funcionarios no concurran solos al procedimiento, sino acompañados por otros concejales que actúen como testigos durante todo el proceso.
Respecto del financiamiento, la concejala señaló que junto con Argiró realizaron cotizaciones y mencionó un costo aproximado de $300.000 por análisis, aunque aclaró que aún debe definirse quién correrá con ese gasto.
La propuesta ya despertó curiosidad en otras jurisdicciones. Garolera comentó que un concejal peronista de Concepción se comunicó con ella para indagar sobre el proyecto y evaluar si podría adaptarse a su municipio.
Los impulsores de la ordenanza esperan que una vez que se realicen los primeros controles, otras administraciones se animen a adoptar medidas similares.
«Cuando salga el primer test, todo puede cambiar y los otros municipios pueden animarse. La misma Provincia también debe poner en marcha una medida de este tipo, que sea obligatoria y efectiva», concluyeron.
El intendente Pablo Macchiarola también respalda la iniciativa. En declaraciones a LA GACETA, subrayó que los funcionarios públicos deben estar en condiciones óptimas para asumir sus responsabilidades y aclaró que no visualiza el mecanismo como una sanción.
«Un funcionario público debe estar en condiciones físicas y psíquicas para afrontar una tarea tan importante como es representar a los vecinos de su ciudad. No hablo desde una mirada de castigo, pero sí de concientizar sobre la importancia de poder discernir con claridad para poder tomar las mejores decisiones», manifestó.
Macchiarola valoró positivamente el acuerdo entre Argiró y Garolera para fusionar sus propuestas. «Me parece muy positivo que dos concejales de diferentes espacios políticos hayan cedido posiciones en pos de un beneficio para Yerba Buena. Esto habla de madurez y de poner el foco en el bien común por sobre las hipotéticas ventajas políticas personales», sostuvo.