La investigación judicial sobre el episodio que involucró al empresario Roberto Sagra en un barrio privado de Yerba Buena continúa su curso, mientras persisten las tensiones entre la versión policial y la del denunciante. El supuesto intento de robo ocurrió el 31 de julio a las 20.30 horas en una vivienda ubicada en avenida Presidente Perón al 1.300, cuando cinco individuos se acercaron a la propiedad. Uno de ellos lucía un chaleco con insignias policiales, lo que generó alarma entre los vecinos y precipitó la huida de los sospechosos.
El comisario Mario Adrián Choque, jefe de la comisaría de San Andrés, se presentó ante las autoridades el 7 de agosto para ofrecer su versión de los hechos. Según su relato, se había dirigido al lugar por error, confundiendo el barrio Los Olivos con Terrazas Park, donde supuestamente lo esperaba otra persona. Afirmó haberse identificado correctamente en la portería antes de ingresar y que, al enterarse de su equivocación, se retiró de inmediato.
Sin embargo, la explicación del funcionario levanta múltiples interrogantes. Sagra rechaza categóricamente la coartada del comisario, destacando que entre ambos complejos residenciales existe una distancia superior a 200 metros ocupada por otros edificios, comercios y establecimientos gastronómicos. Además, el empresario señala que Choque contaba con experiencia previa en sus empresas, lo que hace improbable una confusión de identidad. También cuestiona que el comisario haya omitido identificar a los cuatro acompañantes que lo escoltaban ni proporcionó detalles sobre el vehículo utilizado para el traslado.
Otro aspecto que genera sospechas en Sagra es la información proporcionada sobre cómo accedió al domicilio. Mientras Choque aseguró no conocer la dirección, las grabaciones de seguridad revelan que el guardia de acceso nunca le indicó la ruta; en cambio, el conductor recibió instrucciones para girar hacia la propiedad en el momento preciso.
La causa se encuentra bajo supervisión de Daniel Sosa Piñeiro, titular de la Unidad Fiscal de Decisión Temprana, quien recopila indicios e informes para determinar qué dependencia asumirá el caso. Desde fuentes judiciales se indicó que podría derivarse a Delitos Complejos si se confirman irregularidades en la conducta de los efectivos policiales, o bien a una fiscalía especializada en robos.
De manera paralela, el Ministerio de Seguridad informó que inició un sumario administrativo interno para investigar si hubo faltas en el procedimiento de los uniformados involucrados.