TRAZO. Se pretende desafectar una calle entre las rutas 301 y 338.
El debate político y urbanístico se encendió luego de que la Legislatura aprobara la desafectación del dominio público de un terreno situado entre San Pablo y El Manantial. La medida, impulsada desde el oficialismo, recibió luz verde con mayoría de votos pero no estuvo exenta de críticas, tanto dentro del recinto como desde el ámbito académico. La atención ahora está centrada en la decisión del Poder Ejecutivo, que tiene la facultad de promulgar o vetar la ley.
1- ¿Cuál fue la decisión de la Cámara? Se sancionó una ley que saca del dominio público un sector de 650 metros de largo por 10 de ancho. En los registros catastrales, ese espacio figuraba como reserva para una calle pública, aunque los impulsores del proyecto aseguran que nunca se materializó como tal y que solo se usaba de forma esporádica como sendero.
2- ¿Qué argumentos se esgrimieron? El legislador Mario Leito, autor de la iniciativa, indicó que la medida posibilitará un emprendimiento inmobiliario en una zona de alta expansión urbana y, de forma paralela, resolverá una demanda social de 80 familias de Ohuanta y El Manantial. Detalló que, mediante un acuerdo con la empresa Citrusvil, se buscará regularizar la tenencia de esas familias, que ocupan esas tierras desde hace años, para que obtengan los títulos de propiedad. También remarcó que el área es un polo estratégico de crecimiento para la provincia.
3- ¿Qué generó la controversia? Desde la oposición, advirtieron que esta desafectación podría sellar de manera definitiva la única traza pública proyectada que cruza unos 2,5 kilómetros de countries entre las rutas provinciales 301 y 338. El legislador Manuel Courel señaló que, aunque la calle no esté físicamente construida, su eliminación imposibilita futuras conexiones viales en una zona con explosivo desarrollo inmobiliario. También se objetó la falta de claridad sobre la compensación para el Estado y el hecho de que el paso ya estaba cerrado antes de la sanción.
4- ¿Qué opinan desde la academia? Las urbanistas Marta Casares y María Paula Llomparte Frenzel coincidieron en que el caso expone falencias estructurales en la planificación del área metropolitana de Tucumán. Señalaron que las definiciones sobre el territorio se toman de manera aislada, sin una mirada integral que contemple la movilidad, la conectividad y el bien común.
Reserva pública estratégica
5- ¿Por qué objetan el cambio? Casares sostuvo que la medida elimina una reserva pública clave para la futura conectividad de la zona. Explicó que el valor de una traza vial no se mide solo por su uso actual, sino por su potencial para integrarse a la red urbana más adelante. Llomparte Frenzel sumó que la cesión podría afianzar barreras físicas y funcionales entre distintas áreas del territorio, agravando la fragmentación espacial y social.
6- ¿Por qué recomiendan no promulgar? Las especialistas consideran que la norma choca con una política territorial que busque preservar el patrimonio público y ordenar el crecimiento metropolitano. Alertaron que la desafectación reduce opciones de conectividad y consolida un modelo de urbanización segmentado, entre otros puntos. Por eso, aconsejaron al Ejecutivo que no convierta la ley en vigente.