La pesquisa por los presuntos fraudes vinculados a la concesionaria DG Cars incorporó nuevos elementos en Yerba Buena. El Poder Judicial denegó una solicitud para atenuar las restricciones procesales de dos de los imputados y, a medida que la investigación progresa, se corroboró la incorporación de al menos una decena de nuevos damnificados. De acuerdo a lo manifestado por apoderados de algunas víctimas, el daño económico que se investiga ya habría alcanzado los $200 millones.
Los procesados en esta investigación son Matías José Díaz Vier, de 40 años; Anabel García, de 37; y Javier Goitea. A los tres se les atribuye haber participado en maniobras ilícitas ejecutadas a través de la empresa DG Cars, un local de compra y venta de autos ubicado en Yerba Buena.
Según la imputación presentada por el fiscal Fernando Blanno, los sospechosos habrían montado un sistema en el que ofrecían automóviles, recibían unidades en consignación o como parte de pago y se quedaban con sumas de dinero importantes que nunca retornaban a los clientes.
La defensa de Díaz Vier y García, a cargo de la abogada Candela Álamo, pidió que se revisen las medidas cautelares impuestas, argumentando que la prisión preventiva era desmedida.
“Al tener un conocimiento más profundo del expediente, de las pruebas y de las circunstancias particulares de cada denuncia, consideramos que era necesario rever la pertinencia de sostener una medida tan severa como la prisión preventiva para Díaz Vier y García”, explicó la letrada.
No obstante, la auxiliar fiscal Daniela Briz Tomás y los representantes de las querellas rechazaron el planteo, señalando que todavía hay diligencias probatorias pendientes y que existe peligro de obstrucción de la indagación. Finalmente, el juez Facundo Maggio decidió no hacer lugar al pedido.
El presunto modus operandi bajo la lupa
La Fiscalía sostiene que los acusados simulaban transacciones comerciales legítimas para atraer a los clientes y ganar su confianza.
Entre las acciones que se investigan se incluyen supuestos adelantos de efectivo para cerrar operaciones, ofrecimiento de créditos prendarios que no eran reales, la intervención de intermediarios en los negocios, la emisión de documentación que sería apócrifa y la transferencia de vehículos sin el consentimiento de sus dueños.
De acuerdo con la imputación, algunas personas perjudicadas habrían perdido tanto el capital aportado como los rodados involucrados en los acuerdos. En otras situaciones, incluso quedaron ligadas a obligaciones financieras por transacciones que nunca se completaron como se había prometido.
Se incrementa la cantidad de personas que denuncian
Uno de los datos que más alarma genera es el continuo incremento de individuos que aseguran haber sido estafados.
Juan Guerrero, uno de los querellantes, manifestó que la pesquisa está lejos de finalizar y que, a partir de la difusión del caso, se presentaron al menos 12 denuncias adicionales.
“Estamos hablando de un perjuicio económico que ya excede los $200 millones”, declaró a La Gaceta.
Por su lado, el abogado Fabrizio Caruso detalló que al principio se formalizaron 12 hechos de estafa y que después surgieron otros 10 denunciantes.
“Hay víctimas que piden la restitución del dinero y otras que demandan la devolución de sus vehículos”, indicó.
La controversia por una supuesta eliminación de evidencia
Otro punto que generó debate dentro del expediente fue el relato de una persona que dijo haber trabajado con los acusados.
Según expuso la auxiliar fiscal durante una audiencia, el testigo afirmó haber visto la quema de papeles y el entierro de bolsas con dinero.
A raíz de esa declaración, los pesquisadores realizaron excavaciones en el patio de la vivienda donde residían Díaz Vier y García. Sin embargo, las labores no dieron frutos y no se hallaron elementos relevantes para el caso.
La defensa desmintió categóricamente esa versión.
“Esa historia es completamente falsa. No hay ninguna prueba incorporada en el expediente que respalde semejante afirmación”, aseguró Álamo.
Mientras las diligencias investigativas siguen su curso, la causa continúa sumando denuncias y testimonios. El Ministerio Público Fiscal busca determinar la magnitud real de las maniobras señaladas y establecer si hubo una organización estructurada detrás de las operaciones de la concesionaria.