El jefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, confirmó que los dispositivos de seguridad se mantendrán activos este lunes en los establecimientos educativos de la provincia, tras la seguidilla de advertencias de ataques armados que se registraron la semana anterior.
La decisión se toma en un clima de alerta, ya que pese a que las intimidaciones escritas en sanitarios y pupitres surgieron días atrás, la preocupación dentro de la comunidad escolar permanece.
REFUERZO. La semana pasada fueron 2.500 oficiales los desplegados.
Se contabilizaron más de 15 casos de amenazas, un fenómeno que también se reprodujo en otras jurisdicciones del país y que estaría asociado a un presunto desafío que circula por internet.
En este contexto, Girvau precisó que el operativo desplegado incluyó a aproximadamente 2.500 agentes –pertenecientes a infantería, Grupo Cero y patrullas motorizadas–, distribuidos en las cinco regionales para fortalecer la vigilancia en colegios de gestión estatal y privada.
“Estamos intensificando los controles en los establecimientos educativos. Buscamos transmitir tranquilidad a los estudiantes y que cesen estas intimidaciones”, afirmó el máximo responsable policial. En esa dirección, subrayó que se trata de actos delictivos y que tendrán repercusiones para sus autores.
Asimismo, cuestionó el desvío de recursos que implica esta situación: “Esto resulta innecesario porque podríamos estar destinando estos efectivos a otras tareas, pero estos alumnos están incurriendo en un delito”.
La perspectiva desde Educación
La ministra del área, Susana Montaldo, consideró que lo sucedido en Tucumán no es un hecho aislado. “Estamos ante un fenómeno de alcance mundial vinculado a las redes sociales. Los jóvenes buscan captar atención, sobresalir, convertirse en protagonistas”, expresó.
La funcionaria detalló que se incrementaron las revisiones dentro de los colegios, especialmente durante los recreos y en áreas comunes, y se solicitó a docentes y equipos directivos redoblar el monitoreo.
“Debemos mantener una supervisión constante de los baños en cada intervalo”, añadió.
Al mismo tiempo, hizo hincapié en la importancia de conjugar normas claras con espacios de diálogo. “Educar implica marcar el rumbo y entender que existen fronteras que no deben traspasarse. Y si se cruzan, hay sanciones”, sostuvo.
Los alcances del decreto provincial
Los operativos de seguridad responden al Decreto N.º 772/7 M.S., que rigidiza las acciones frente a episodios de violencia y amenazas en instituciones educativas.
La normativa, firmada por el gobernador Osvaldo Jaldo, ordena al Ministerio de Seguridad y a la Policía provincial reforzar la prevención y la actuación ante hechos de riesgo, tanto al interior como en los alrededores de las escuelas.
Además, determina que las instituciones –públicas y privadas– serán responsables de asegurar la protección de los alumnos, bajo apercibimiento de ver suspendidos los subsidios en caso de negligencia.
El decreto también faculta a aplicar sanciones a los estudiantes que incurran en faltas graves, incluyendo la posibilidad de expulsión durante el año lectivo.
Paralelamente, establece responsabilidades para padres y tutores, quienes podrían afrontar consecuencias administrativas o legales por los actos de sus hijos.
En los supuestos más extremos, se prevé la intervención de la Justicia y el eventual traslado de menores al instituto Brochero, ubicado en Benjamín Paz.
La semana pasada, en Yerba Buena, un adolescente de 13 años que admitió ser autor de una de las amenazas, debió presentarse ante las autoridades para dar explicaciones. Mientras, en la capital, fue el padre de un menor quien terminó detenido luego de descubrirse que su hijo había difundido una intimidación a través de WhatsApp.
De este modo, con los operativos ratificados, el panorama en Tucumán continúa en estado de tensión. La respuesta oficial combina despliegue policial, un marco normativo más estricto y un llamado a la corresponsabilidad familiar, mientras los colegios intentan preservar la normalidad en medio de la incertidumbre.
