El mandatario provincial Osvaldo Jaldo puso de relieve este martes el convenio judicial logrado con el empresario del sector citrícola Juan Zamora, dentro del marco de una causa por una toma clandestina del acueducto principal que suministra agua a la reserva natural Lomas de Imbaud, ubicada en Yerba Buena. El Gobernador aseguró que la indemnización económica determinada por el Poder Judicial se destinará en su totalidad a la organización Cáritas para iniciativas de ayuda social.
Durante una conferencia de prensa, Jaldo reconoció la importancia económica de la compañía implicada, aunque subrayó que el accionar fue tipificado como ilícito por la Justicia. “El grupo Zamora constituye una firma de gran relevancia en Tucumán, que genera numerosos puestos de trabajo y exporta su producción a diversos mercados internacionales. Sin embargo, por la acción cometida, la Justicia la catalogó como delito”, manifestó el primer mandatario.
El Gobernador detalló que, en el contexto de un procedimiento abreviado, se fijó una compensación económica de 250 millones de pesos a favor de la provincia, pero precisó que ese dinero no se integrará a las arcas públicas. “Por una determinación personal y de nuestro gabinete, solicité que esos 250 millones sean entregados como donación a Cáritas. Consideramos que es a través de esa entidad donde efectivamente podremos asistir a una gran cantidad de tucumanos que hoy atraviesan necesidades”, afirmó.
Jaldo fundamentó la decisión al explicar que, pese a que el Estado provincial tiene requerimientos presupuestarios, el foco debe estar en los sectores más desprotegidos. “No es que la provincia no precise esos recursos, pero la población los necesita con mayor urgencia. Tenemos la certeza de que, mediante Cáritas, la ayuda llegará a quienes más la requieren, ya que proveen alimentación, vestimenta y contención a numerosas personas en los albergues”, declaró.
Para finalizar, el mandatario señaló que el caso se dio por concluido tras el acuerdo judicial, y resaltó el carácter ejemplar de la pena. “Existió una condena y una sanción que implica un aporte de gran magnitud, el cual redundará en beneficio de muchos tucumanos que actualmente enfrentan dificultades”, finalizó.
El origen del caso se remonta a una investigación promovida por la fiscala María del Carmen Reuter, quien imputó al empresario por haber efectuado en mayo de 2023 una manipulación irregular de la infraestructura hídrica concedida a la firma Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), con el objetivo de alimentar una laguna artificial construida en una de sus propiedades para riego.
La defensa de Zamora rechazó los cargos y presentó elementos probatorios que sugieren que la presunta conexión ilegal había sido ejecutada con anterioridad a la adquisición de la finca por parte del citricultor.