Felipe «El Militar» Sosa, acusado principal en el caso del asesinato de Érika Antonella Álvarez, requirió a la justicia que se conforme una junta médica para evaluar su condición de salud, luego de sufrir una crisis por abstinencia de sustancias estupefacientes. La solicitud fue elevada por sus abogados defensores dentro de la investigación penal donde Sosa se encuentra detenido y procesado por el crimen de la joven de 25 años. El pedido de evaluación clínica se realizó mientras el imputado permanece alojado en la cárcel de Benjamín Paz, cumpliendo prisión preventiva.
De acuerdo con la defensa, Sosa ha admitido ser consumidor de cocaína y marihuana y enfrenta complicaciones asociadas a la falta de esas drogas durante su detención, razón por la cual requirió asistencia médica y acompañamiento profesional ante lo que definen como un cuadro de síndrome de abstinencia.
La causa penal por el homicidio de Álvarez se halla en fase de instrucción. El cadáver de la mujer fue encontrado el 8 de enero de 2026 en un basural del barrio Manantial Sur, envuelto en bolsas de residuos negras, con la mandíbula dislocada y atado con nudos de estilo militar. Tras el hallazgo del cuerpo, se inició la pesquisa por la desaparición y la posterior aprehensión del imputado: Sosa había huido hacia Buenos Aires en una motocicleta de alta gama y fue capturado el 16 de enero de 2026 en Pilar, provincia de Buenos Aires, antes de ser trasladado a la provincia de Tucumán.
La investigación judicial está a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria, con diligencias en curso para reunir evidencias, realizar pericias tecnológicas y analizar dispositivos electrónicos y registros de geolocalización de vehículos vinculados al caso.
Además de la causa penal por homicidio, Sosa había sido objeto de una investigación anterior relacionada con el cultivo de marihuana en su vivienda de Yerba Buena. El 21 de junio de 2023, personal del Juzgado de Paz de Yerba Buena efectuó una inspección en el domicilio de Sosa ubicado en calle Frías Silva al 1336, en el marco de una causa de separación matrimonial, y halló un cultivo de cannabis con infraestructura de carácter profesional. Entre los elementos incautados se registraron: una habitación acondicionada con lámparas LED de alta potencia, filtro de aire de carbono, aire acondicionado, termómetro digital, 162 plantas de marihuana en diferentes estados de crecimiento, 303 gramos de flores cosechadas, una prensa hidráulica con medidor de temperatura, una balanza digital y frascos y bolsas para fraccionar.
En esa causa federal por estupefacientes, Sosa y otros dos imputados presentaron carnets del Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), dependiente del Ministerio de Salud, que autorizaba el cultivo con fines terapéuticos bajo prescripción médica y dentro de límites específicos. La normativa vigente permite hasta 9 plantas florecidas por persona y un máximo de 40 gramos de flores secas, un total muy inferior a las 162 plantas secuestradas en la propiedad, que no estaba registrada como «cultivo solidario» —trámite necesario para unificar autorizaciones individuales en un mismo sitio de producción.
El 10 de abril de 2025, el juzgado federal dictó el sobreseimiento de Sosa y los otros imputados en esa causa, argumentando que no existían «constancias tendientes a demostrar finalidad lucrativa alguna» ni elementos suficientes para sostener una imputación por comercialización de estupefacientes, y ordenó la devolución proporcional de 27 plantas y de los elementos incautados.
La existencia del cultivo y la infraestructura profesional hallada en su domicilio, junto con el reconocimiento de consumo de sustancias por parte de Sosa ante sus defensores, forman parte de los antecedentes que la defensa ha mencionado en acciones procesales y en la solicitud de evaluación médica en el contexto de su situación de abstinencia por drogas mientras permanece detenido.
Las investigaciones en ambas causas —la federal por cultivo de cannabis y la penal por homicidio— se tramitan en expedientes separados, con competencias y objetos procesales distintos, aunque la totalidad de elementos recabados en cada una de ellas integra la evaluación de la conducta y situación procesal de Sosa en sede judicial.