Una mujer de 35 años recibió una condena condicional en Tucumán por defraudar a adultos mayores, a quienes engañó con falsas promesas de aumentos previsionales para robarles más de siete millones de pesos. La estafa digital afectó al menos a tres jubilados del municipio de Alderetes.
La sentencia se produjo en una causa investigada por la Fiscalía de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo de Diego López Ávila. La acusada, P.A.A. —una licenciada en Nutrición cuyo nombre se reserva por orden judicial—, reconoció su responsabilidad en el delito de estafa informática reiterada mediante un juicio abreviado.
Durante la audiencia, la auxiliar fiscal Carolina Brito detalló el método empleado por la imputada. Esta se acercaba a los domicilios de las víctimas, valiéndose de la confianza vecinal, y les aseguraba que habían sido elegidos para una mejora en sus haberes de la Anses. Con ese pretexto, les pedía fotografías de su rostro y documento, insistiendo hasta obtener imágenes claras para supuestos trámites.
Utilizando esos datos biométricos y personales, la mujer creaba o tomaba control de cuentas bancarias digitales en el Banco Galicia, cambiando contraseñas y bloqueando el acceso de los titulares. Luego, solicitaba préstamos a nombre de los jubilados y desviaba el dinero, parte del cual terminaba en sus propias cuentas. El perjuicio económico total superó los siete millones de pesos.
Las maniobras se iniciaron en octubre de 2024, pero las víctimas las descubrieron recién en 2025. Los primeros afectados fueron Antonia y Pedro, un matrimonio de 64 y 67 años cercano a la estafadora. A nombre de Antonia se gestionó un préstamo por $1.165.000, mientras que a Pedro se le adjudicó uno de $2.394.300. La pareja se enteró de las deudas al intentar hacer trámites bancarios, sumando una obligación conjunta que superaba los $3,5 millones.
El segundo caso ocurrió en noviembre de 2024 y tuvo como víctima a Conrado, un jubilado de 70 años amigo del padre de la acusada. Tras acceder a su cuenta bancaria, la mujer solicitó un préstamo por $3.796.200, realizó extracciones de efectivo y transferencias por más de $1,3 millones. El hombre descubrió el fraude cuando su hija no pudo ingresar al home banking, lo que lo llevó a denunciar en la comisaría de Alderetes.
La investigación incluyó pericias en cuentas bancarias, análisis de conversaciones, informes financieros y reportes crediticios, pruebas que consolidaron la responsabilidad penal de P.A.A. Con este respaldo, el Ministerio Público Fiscal acordó con la defensora oficial Josefina Talamazzi una pena de un año de prisión condicional y reglas de conducta por igual período.
En la audiencia, los jubilados damnificados expresaron su descontento con la condena, considerándola leve frente al daño sufrido y a la falta de reparación económica. “Somos personas mayores y nos hizo pasar momentos muy difíciles”, afirmó Pedro, quien relató el impacto del hecho en la salud y la economía familiar.
Finalmente, el juez Guillermo Taylor homologó el acuerdo de juicio abreviado, fundamentó que la pena se ajusta al Código Penal y recordó a las víctimas que pueden iniciar acciones civiles para reclamar una indemnización por los daños. La sentencia marca uno de los casos más graves de estafa digital a jubilados registrados recientemente en la provincia.
