El Concejo de Yerba Buena sesionó 12 veces en 2017, pero solo siete de esas sesiones fueron efectivas. Tres de ellas fueron especiales y dos extraordinarias. Sin contar las 4 convocatorias a extraordinarias que realizó el intendente Mariano Campero esta semana, de las cuales sólamente la última tuvo éxito.
El grupo de ediles que conforman el cuerpo, inició un camino de desencuentros y pujas de poder que continua de manera turbulenta. Por un motivo u otro, a lo largo de este año el concejo no fue capaz de funcionar con normalidad.
Se podría marcar el inicio de una serie de conflictos en octubre de 2016, cuando el concejal titular Lisandro Argiró pidió licencia para asumir como Secretario de Gobierno en el gabinete de Mariano Campero. Al perder un concejal, el cuerpo deliberativo debía tomar juramento al edil electo en segundo término Rodolfo Aranda. Sin embargo, más de un año después pudo asumir el pasado jueves.
Al comienzo de 2017 un grupo de concejales opositores: dos peronistas (Walter Aráoz y Héctor Aguirre), tres radicales (Benjamin Zelaya, Lucas Cerúsico y Maximiliano García) y un macrista (Pedro Albornoz Piossek), incurrieron en una serie de estrategias para guiar las decisiones del cuerpo a su favor, como el uso excesivo de sesiones especiales o bien la falta de quorum para hacer caer por lo menos seis de esos encuentros.
Estas tácticas postergaron el tratamiento de una gran cantidad de temas de interés para Yerba Buena, entre esos, la asunción de Aranda, quien denunció al presidente del concejo y presentó un amparo ante la justicia, apoyado por los concejales afines a campero: Javier Jantus (Partido Municipal Por Yerba Buena) Marcelo Rojas y José Macome (Compromiso Yerba Buena).
A pesar de que la justicia falló a favor de Aranda y obligó al Concejo a deponer su prohibición arbitraria al concejal electo, este tema no figuraba en ningun orden del dia de las posteriores sesiones. Ante esta situación, estratégicamente Lisandro Argiró presentó su renuncia como concejal.
A fines de julio un nuevo capítulo comenzó cuando se viralizó a través de las redes sociales una foto del concejal Lucas Cerúsico “durmiendo en sesión” que habría compartido el oficialista Jantus. Esto desató un nuevo enfrentamiento durante una sesión en la que un grupo de personas se congregó dentro y fuera del recinto para solicitar que no se trate la remoción del concejal Javier Jantus por este accionar. La sesión no se pudo desarrollar y el encuentro culminó a los golpes. El jefe de Gabinete Manuel Courel denunció al padre del concejal Walter Araoz quien le habría pegado en el tumulto y también a miembros del sindicato que dijeron que prenderían fuego la municipalidad.
En noviembre cambió el panorama pues los ediles peronistas, que en un principio estaban alineados como opositores, se aliaron a los oficialistas y solicitaron una reunión con el vice gobernador Osvaldo Jaldo luego de elevar dos notas dirigidas a Benjamin Zelaya solicitándole que llame a sesión para la renovación de las autoridades del concejo.
En este encuentro charlaron sobre las dificultades institucionales por las que atraviesa el cuerpo legislativo de la ciudad jardín. El mandato de Benjamín Zelaya como presidente y del resto de la comisión directiva, se venció el 28 de noviembre. Sin embargo, no se llamó a sesión para la designación de sus sucesores y paralelamente culminó el periodo de sesiones ordinarias.
Vencido el periodo de sesiones ordinarias, este jueves intendente convocó a una sesión extraordinaria que tenía como dos primeros puntos en el orden del día la asunción de Aranda y la renovación de autoridades del cuerpo. Esta sesión se llevó adelante en minoría. Los concejales ausentes ─Benjamín Zelaya, Maximiliano García, Pedro Albornoz Piossek y Lucas Cerúsico─ habían sido notificados en cuatro ocasiones del debate. Al encontrarse vencido el mandato de Zelaya como presidente del Concejo Deliberante, el reglamento habilitó al inicio de la reunión con Héctor Aguirre como titular del cuerpo deliberativo, al ser el edil con mayor antigüedad.
Por su parte, el grupo de los cuatro ediles opositores, presentaron una denuncia contra el intendente por abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público, desconocido la validez de todo lo que fue votado en la última sesión.