La Justicia Federal condenó a seis miembros de una banda dedicada al narcotráfico que intentó movilizar más de 23 kilos de marihuana desde Salta hacia Tucumán utilizando dos automóviles que trabajaban en coordinación. Cinco de ellos fueron sentenciados a penas que oscilan entre tres y siete años de cárcel en un juicio que se llevó a cabo en Salta, mientras que el sexto ya había recibido su condena en abril de 2025. Lo notable del caso fue que la organización empleaba un vehículo de exploración para identificar controles policiales y alertar al resto de la operación.
El Tribunal Oral Federal N° 1 de Salta, conformado por las magistradas Gabriela Catalano, Marta Liliana Snopek y Alejandra Cataldi, asignó la condena más severa a Alejo Ricardo Silva, reconocido como el artífice principal del traslado, quien cumplirá siete años de prisión.
Emilio Alejandro Tapia recibió seis años y seis meses de condena, en tanto que Luciano Cancino y Mara Antonella Di Bez fueron sentenciados a seis años cada uno. En el caso de Di Bez, la pena se ejecutará bajo la modalidad de arresto domiciliario.
Luis Benjamín Vicente, considerado con un rol secundario en los hechos, fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional.
A estas sentencias se añadió la ya dictada contra Enzo Javier Gutiérrez, quien en abril de 2025 había recibido cuatro años de prisión domiciliaria mediante un acuerdo pleno.
Cómo se desarrolló la operación
Todo comenzó en la madrugada del 14 de septiembre de 2024, cuando efectivos de Gendarmería Nacional detuvieron dos Renault Logan en la Ruta Nacional 68, aproximadamente a ocho kilómetros de Cafayate.
Eran aproximadamente las 5.30 cuando los vehículos llegaron al puesto de inspección. Aunque en principio parecían transitar normalmente, los gendarmes identificaron detalles que indicaban una maniobra coordinada.
El primer automóvil cumplía funciones de vigilancia, circulando adelante para avisar sobre la existencia de controles. En ese vehículo viajaban Silva como conductor, Tapia, Cancino y Vicente.
Detrás circulaba otro Renault Logan, alquilado por Gutiérrez. En ese auto viajaban también su pareja Di Bez y estaba oculto el cargamento de estupefacientes.
Durante el registro, los gendarmes hallaron más de 23 kilos de marihuana distribuidos en paquetes dentro de una bolsa de arpillera.
También fueron determinantes los equipos portátiles de comunicación encontrados en ambos vehículos, que servían para mantener contacto durante el trayecto.
Una estrategia común en el narcotráfico
La investigación confirmó que el auto que encabezaba la marcha funcionaba como coche puntero, una táctica utilizada por las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas para anticiparse a los controles y proteger el traslado de las mercaderías ilícitas.
Silva logró escapar del lugar luego del descubrimiento de la droga y se internó en una zona de monte. Permaneció prófugo casi once meses hasta que fue capturado el 6 de agosto de 2025, después de regresar de Brasil, país donde, según sostuvo la Fiscalía, se había mantenido oculto durante buena parte de ese período.
Los roles de cada condenado
Las investigaciones permitieron establecer la estructura de la organización y las responsabilidades individuales. Silva lideraba la banda y llegó a empeñar un automóvil de su propiedad para conseguir el dinero necesario para adquirir la marihuana.
Tapia facilitó un vehículo de su madre para que funcionara como unidad de avanzada. El tribunal ordenó posteriormente el decomiso de ese auto a petición del Ministerio Público Fiscal.
Cancino y Di Bez tuvieron una participación activa en la preparación del transporte, mientras que Vicente desempeñó funciones de menor relevancia.
Los acusados residían en el barrio Santa Ana de la ciudad de Salta y, de acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, esperaban obtener ganancias mediante la venta de la droga.
Los fiscales sostuvieron además que la organización había comenzado a establecer vínculos con otras estructuras narcotraficantes en la región, por lo que el transporte interceptado no constituía necesariamente una actividad aislada.
Las rutas del contrabando
El destino final del cargamento era Tucumán, circunstancia que volvió a poner el foco en los corredores alternativos utilizados para transportar estupefacientes entre ambas provincias.
Una de las rutas que genera mayor preocupación entre los investigadores atraviesa los Valles Calchaquíes y conecta Cafayate con la Ruta Nacional 40, luego bordea el valle de Santa María e ingresa a Tucumán mediante la Ruta Provincial 307.
Desde allí, el recorrido prosigue por Tafí del Valle hasta descender hacia las zonas de mayor población de la provincia.
Las características geográficas de este corredor, con extensos tramos montañosos y caminos de circulación limitada, lo convierten en una alternativa para las organizaciones que buscan evadir los controles ubicados sobre las principales rutas nacionales.
En ese contexto, la utilización de vehículos de avanzada y equipos de comunicación constituye una estrategia destinada a minimizar los riesgos de que los cargamentos sean detectados.
Rechazo a la reducción de pena
Durante el juicio, uno de los acusados solicitó una reducción de su condena argumentando que había colaborado con la investigación al proporcionar información sobre una persona presuntamente vinculada al narcotráfico en el barrio Santa Ana.
Su defensa presentó las declaraciones de dos investigadores de la Policía de Salta para respaldar esa solicitud. Los efectivos confirmaron que el individuo señalado ya era conocido en la zona, pero aclararon que las averiguaciones realizadas a partir de esa información no habían arrojado resultados positivos.
La Fiscalía se opuso a la reducción de la condena al considerar que los datos proporcionados no habían resultado efectivos para avanzar en la investigación de nuevos delitos.
El tribunal coincidió con esa posición y rechazó el planteo de manera unánime. Las magistradas establecieron que el beneficio previsto para imputados colaboradores requiere información concreta, verificable y capaz de aportar resultados relevantes a una investigación, considerando insuficiente el suministro de referencias generales sobre personas que ya eran conocidas por las fuerzas de seguridad.
Con las seis condenas dictadas, la Justicia Federal acreditó la responsabilidad de los integrantes de la organización en el transporte de los más de 23 kilos de marihuana interceptados cerca de Cafayate, exponiendo nuevamente la utilización de rutas alternativas y vehículos coordinados para movilizar estupefacientes hacia Tucumán, una modalidad que continúa siendo objeto de vigilancia por parte de las autoridades federales en los pasos que conectan ambas provincias.