La Municipalidad de Yerba Buena comenzó a implementar este martes una iniciativa de control sobre sus autoridades y empleados públicos. El intendente Pablo Macchiarola fue uno de los primeros en participar de manera voluntaria en estas pruebas, acompañado por el presidente del Concejo Deliberante, Javier Jantus, y el concejal Mauricio Argiró.
Los estudios se llevan a cabo en el Centro de Salud Municipal Ramón Carrillo y responden a una ordenanza aprobada en julio que busca garantizar el cumplimiento de requisitos de idoneidad en quienes ocupan cargos de decisión pública. La normativa alcanza al intendente, secretarios, subsecretarios, directores, concejales y prosecretarios de la comuna.
El procedimiento contempla análisis de orina para detectar rastros de seis tipos de sustancias. La directora del Centro de Salud Municipal, Flavia Ileana Molé, precisó que las muestras se recolectan en frascos estériles que se abren en el momento de la toma y luego permanecen bajo custodia policial para asegurar su integridad. Los funcionarios se someterán a estos exámenes una vez al año mediante selección por sorteo, tanto al asumir sus cargos como durante el desempeño de funciones.
La medida responde a dos objetivos principales: fortalecer la transparencia institucional y garantizar que quienes ejercen la función pública cumplen con la aptitud psicofísica necesaria para sus responsabilidades.
En caso de arrojar resultado positivo, el funcionario dispone de cinco días para solicitar una contraprueba. Si se confirma, la ordenanza establece una suspensión de no menos de 90 días hábiles, período en el cual deberá acreditar haber iniciado un proceso de recuperación. La destitución no es automática y sólo procede ante reincidencia o incumplimiento de las obligaciones establecidas, considerándose como falta grave.
El Concejo Deliberante aprobó la normativa el 2 de julio tras unificar proyectos presentados por Mauricio Argiró y Gabriela Garolera bajo un dictamen consensuado impulsado por Jantus. La votación resultó empatada y fue el presidente quien desempató. Argiró destacó que busca reforzar el compromiso institucional ante el narcotráfico, mientras que Garolera enfatizó el acuerdo entre distintos sectores y la prioridad al tratamiento antes de cualquier separación del cargo.
Desde la oposición, el concejal Walter Aráoz cuestionó la iniciativa al señalar que existen normas provinciales y municipales previas sobre el tema, además de advertir que el régimen no contempla controles para detectar anfetaminas y psicofármacos.
En la provincia, Tucumán cuenta desde 2016 con la Ley 8.850, que exige a quienes ocupan cargos políticos y jerárquicos carecer de adicción a drogas ilegales.