Los controles toxicológicos obligatorios que implementará la municipalidad de Yerba Buena comenzarán a ejecutarse dentro de aproximadamente quince días, de acuerdo con lo informado por Flavia Molé, directora del Centro de Salud Ramón Carrillo. Esta medida, establecida mediante la ordenanza 2.032, busca reforzar la transparencia institucional y asegurar que quienes desempeñan funciones públicas puedan ejercerlas sin la influencia de sustancias que afecten su desempeño.
El sistema alcanzará tanto a funcionarios del Ejecutivo municipal como a integrantes del Concejo Deliberante, tanto a los que actualmente ocupan sus cargos como a quienes se sumen posteriormente. Según explicó Molé, el propósito es que los vecinos de Yerba Buena cuenten con la certeza de que sus representantes cumplen idóneamente con sus responsabilidades.
Seis sustancias serán objeto de búsqueda en los análisis: cannabis, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, opiáceos y benzodiazepinas. Estas fueron seleccionadas por ser las de consumo más frecuente en la región.
La aplicación del procedimiento no será uniforme ni simultánea. Cada funcionario recibirá un número y una vez al año se realizará un sorteo aleatorio del cual resultarán seleccionados tres o cuatro agentes públicos, conforme establece la ordenanza y el protocolo correspondiente. Los elegidos dispondrán de 48 horas para presentarse a realizar el examen.
El proceso contempla dos etapas de análisis. La primera consiste en un test de detección rápida que funciona como instancia preliminar de screening. Un resultado positivo en esta fase no implica automáticamente que el funcionario haya incurrido en consumo ilegal de la sustancia detectada. Molé aclaró que pueden aparecer metabolitos que requieran un análisis más profundo. Ante un resultado positivo, se procederá con una segunda prueba en un laboratorio especializado que utilizará técnicas de mayor precisión, entre ellas la espectrometría.
La segunda instancia será la que definirá si existe realmente un resultado positivo confirmatorio. En caso de que el análisis confirme la presencia de la sustancia, el funcionario tendrá derecho a solicitar una contraprueba en otro laboratorio, que deberá realizarse en un plazo aproximado de cinco días.
Molé también consideró situaciones particulares relevantes para Tucumán y la región norte: el hábito del coqueo y el consumo de ciertos medicamentos que podrían interferir en un análisis inicial. Justamente por estas circunstancias, el protocolo contempla la segunda instancia para determinar con mayor precisión el origen del resultado.
Como fase inicial, se prevé que tres funcionarios se sometan voluntariamente al procedimiento: el intendente Pablo Macchiarola, el presidente del Concejo Deliberante Javier Jantus, y el concejal Mauricio Argiró. Tras esta etapa piloto, el mecanismo pasará al sistema de sorteos anuales entre los funcionarios alcanzados por la ordenanza.