El legislador Manuel Courel amplió los detalles de su denuncia contra la intendenta de Graneros, Raquel Graneros, por presunto enriquecimiento ilícito, aunque la Justicia le negó la posibilidad de actuar como querellante en la causa.
«Nos rechazaron el rol de querellantes. Habíamos pedido ser parte de la causa porque vemos que no avanza. Pasó más de un mes desde la denuncia y prácticamente se hizo muy poco», explicó Courel tras conocer la decisión judicial. Junto con el concejal de Simoca Luis Escobar y el ex candidato a intendente de Alberdi Luis Augier, el legislador había presentado pruebas de que Graneros habría realizado una adquisición inmobiliaria en el country Las Yungas de Yerba Buena por más de un millón de dólares.
En una entrevista con LA GACETA en LG Play, Courel señaló que hasta ahora la investigación avanzó de manera limitada. La principal diligencia fue un pedido de informes al country para determinar la titularidad de las expensas de la propiedad. «Hubo una respuesta medio ambigua y después la causa quedó ahí», lamentó.
Ante esa situación, su equipo impulsó nuevas medidas investigativas. Solicitaron información al Registro Inmobiliario, Catastro y diversos organismos estatales, además de documentación sobre servicios asociados al inmueble y publicaciones inmobiliarias en las cuales, conforme con lo expuesto por los denunciantes, se habría promocionado la vivienda.
Entre los datos incorporados recientemente a la causa, Courel mencionó que la intendenta adquirió el año pasado una camioneta Ford Ranger 0 kilómetro de alta gama, con un valor aproximado de $80 millones. El legislador también reveló haber recibido información sobre otros bienes que estarían registrados a nombre de terceros, material que solicitó que sea incluido en el expediente para su análisis.
«Nos está llegando mucha información y queremos poder aportarla formalmente a la causa. Como funcionario público, cuando recibo datos de estas características tengo la obligación de denunciarlos», manifestó Courel.
Frente al rechazo judicial, anunció que recurrirá la decisión. Consideró que los fundamentos de la resolución son insuficientes y limitan su capacidad para impulsar pruebas dentro del expediente. «Los fundamentos son muy vagos. Vamos a apelar porque queremos ser parte de la investigación y colaborar con toda la información que recibimos», sostuvo.
El legislador aprovechó para cuestionar el funcionamiento de la justicia tucumana en asuntos de corrupción. «En Tucumán la corrupción no se investiga. Hay un sistema diseñado para blindar al poder político, eso es lo más grave de todo», concluyó.