Casi cinco años después del homicidio del arquitecto Julio Scidá en Yerba Buena, la causa judicial volvió a estancarse cuando la familia de la víctima rechazó un acuerdo que se había negociado entre el Ministerio Público Fiscal, la defensa del imputado y el acusado. Agustín Scidá, hijo del profesional fallecido, fue contundente al expresar su desacuerdo: «No tenemos ningún interés en participar de este proceso. No estamos de acuerdo con todo lo que se hizo durante todos estos años. Esto es un circo».
Los hechos se remontan al 16 de octubre de 2021, en el cruce de Las Rosas y avenida Presidente Perón, en Yerba Buena. Patricio Scidá, otro hijo de la víctima, circulaba por la avenida cuando Ángel Ismael Cativa, motociclista que conducía a gran velocidad, atravesó un semáforo en rojo. El joven le reclamó por su conducción, lo que desencadenó una discusión. Cativa detuvo su moto, regresó y comenzó a golpear repetidamente a Patricio. Julio Scidá, quien aguardaba en una camioneta cercana, intentó intervenir en defensa de su hijo. El motociclista, quien había practicado artes marciales durante años, lo agredió con golpes que le causaron la muerte días después.
El fiscal Carlos Sale acusó a Cativa de homicidio simple. En agosto de 2022, un tribunal (integrado por Carolina Ballesteros, María Soledad Hernández e Isolina Apás Pérez de Nucci) lo condenó a 11 años de prisión.
Sin embargo, la defensa de Cativa, a cargo de Camilo Atim, impugnó la sentencia. Un nuevo tribunal, con los jueces Juana Juárez, Patricia Carugatti y Facundo Maggio (en disidencia), confirmó la condena pero redujo la pena a nueve años. Cuando Atim acudió nuevamente a la Corte provincial, otro tribunal (María Jimena Suárez, Agustín Francisco Puppio y Laura Julieta Casas) volvió a confirmar.
En el tercer recurso ante la Corte, Atim argumentó que los jueces habían considerado la formación en taekwon-do de Cativa basándose en un informe que nunca fue presentado oralmente, violando así el Código Procesal. También cuestionó que ningún tribunal había demostrado que el imputado tuviera intención de matar, y sostuvo que Cativa había reaccionado ante una provocación de Patricio Scidá, que incluso habría utilizado insultos de tinte racial.
Con los votos de Daniel Leiva (quien actuó como preopinante) y Daniel Posse, y la disidencia de Antonio Estofán, la Corte anuló por segunda vez la sentencia. Dispuso que Cativa sea condenado por homicidio preterintencional, es decir, sin intención de causar muerte. En su fundamento, Leiva expresó: «Hay fundamentos suficientes para establecer que el hecho se dio en un contexto de pelea y confrontación entre tres partes. Siguiendo esta línea de análisis, debe descartarse de plano que el imputado haya tenido intención de matar e incluso que la muerte le resultara indiferente. Por el contrario, esos golpes nos llevan a afirmar que la intención del autor no fue más allá de causar un daño en el cuerpo o en la salud, tanto en relación con Patricio Scidá como con la víctima. En ese sentido, la valoración de la edad de la víctima Scidá (63 años), en contraposición a los 28 años del imputado Cativa, no luce como argumento sólido para tener por acreditado el dolo eventual».
Sale entonces decidió insistir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante un recurso extraordinario, contando con el apoyo familiar. El tribunal nacional indicó que no podía pronunciarse hasta tanto Cativa no fuera condenado y aclaró que se pronunciaría una vez que se fijara la pena.
Frente a este escenario, Sale negoció con la defensa y llegó a un acuerdo: Cativa se declararía culpable a cambio de una condena a tres años de cumplimiento condicional. Con esta sentencia firme, la fiscalía renovaría su planteo ante la Corte Nacional.
En la audiencia en la que se trataría el acuerdo, el juez Sebastián Mardiza conoció la posición del hijo de la víctima rechazando el proceso. La auxiliar fiscal Luz Becerra pidió la suspensión argumentando la falta de un informe sobre Cativa y la actitud sorpresiva del familiar. Atim no se opuso, dejando el caso en suspenso.
Ahora Sale deberá reunirse nuevamente con los familiares de Scidá para comunicarles su intención de continuar con la causa. Mientras tanto, la defensa aguarda expectante, aunque mantiene claro su principal objetivo: que el expediente se cierre con una condena por homicidio preterintencional.