Comercialización de autos usados mediante estafas millonarias.
El caso que investiga una serie de fraudes vinculados a la compraventa de autos sumó una nueva etapa en los juzgados penales de la capital. La Fiscalía consiguió extender la detención preventiva y agrandar la imputación contra el responsable de una concesionaria situada en el norte de la ciudad, acusado de montar un esquema defraudatorio que ya alcanza los $180.000.000 y afecta a por lo menos 15 inversores.
La sede de Lucas Córdoba al 1.000
Según la hipótesis que maneja la Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo de Diego Alejo López Ávila, el acusado operaba bajo el nombre comercial «Digital Cars» para captar clientes. El local, ubicado en Lucas Córdoba al 1.000, servía como una fachada confiable para engañar a los damnificados.
Mediante fuertes campañas en plataformas digitales, el sospechoso prometía servicios de intermediación y venta de autos. Los dueños, atraídos por la idea de una transacción ágil y segura, dejaban sus vehículos en consignación. Pero una vez que se concretaba la venta, el dinero jamás llegaba a los propietarios originales, que perdían tanto el capital como el rodado.
Cheques sin fondo y una deuda que escala a los $180 millones
En la audiencia, el auxiliar de fiscal Rogelio Rodríguez del Busto explicó el mecanismo de los engaños. En varias ocasiones, el imputado entregaba cheques para aparentar el pago de las unidades vendidas, pero al intentar cobrarlos resultaban rechazados por falta de fondos. En otros casos, simplemente postergaba los pagos con promesas de cancelación que nunca se materializaban.
Hasta ahora, la Justicia ha registrado 15 episodios independientes con el mismo patrón delictivo. El perjuicio económico calculado asciende a $180 millones, cifra que podría aumentar conforme avancen los peritajes contables y se sumen nuevas víctimas que denuncien haber sido estafadas por la firma investigada.
Tres meses más de prisión por riesgo de fuga
Ante la seriedad de las acusaciones y la cantidad de damnificados, la Fiscalía pidió y el juez aceptó prorrogar la prisión preventiva por tres meses más. El fiscal adjunto señaló que, por la magnitud del fraude y el monto implicado, la pena esperable sería de cumplimiento efectivo, lo que incrementa el peligro de que el acusado intente escapar si recupera la libertad.
«Todavía hay medidas de investigación pendientes y los riesgos procesales siguen vigentes», advirtió Rodríguez del Busto. Con esta decisión, el titular de la concesionaria continuará detenido mientras se juntan las pruebas finales para llevar la causa a juicio oral, en lo que se perfila como uno de los casos de estafa automotriz más relevantes de los últimos años en la provincia.