La causa judicial que indaga la comercialización de drogas sintéticas registró un avance de relevancia. Uno de los individuos aprehendidos optó por colaborar con el sistema de justicia, acogiéndose a la condición de “imputado arrepentido”, y suministró datos que podrían ser determinantes para descifrar el accionar de la banda bajo pesquisa.
El inicio de esta causa se originó de manera fortuita. El 10 de abril, Enrique Sánchez Loria (36) sufrió un siniestro vial en avenida Aconquija al 1.600, en la localidad de Yerba Buena. Ese incidente dio lugar a la investigación formal.
En el momento en que era auxiliado por los agentes que acudieron al siniestro, los oficiales hallaron en su mochila cinco recipientes con una sustancia que aparentaba ser droga sintética. Personal perteneciente a la Dirección General de Drogas Peligrosas corroboró dicha sospecha más adelante, y en consecuencia se instruyó un expediente judicial.
A medida que se fueron sumando elementos probatorios, el Juzgado autorizó un allanamiento en un inmueble de la calle Jujuy al 200.
Durante el operativo, los pesquisas incautaron alrededor de 500 comprimidos de éxtasis, más de 200 gramos de tusi, ketamina líquida, troqueles de LSD y cocaína. En esa instancia se detuvo a N.A., quien en un principio manifestó ser un consumidor habitual, pero después surgieron evidencias que lo relacionarían también con la venta de estas sustancias.
Ese individuo, cuya identidad no se divulga por cuestiones procesales, pidió, a través de su letrado, el auxiliar de defensor oficial Maximiliano Movsovich, adherirse al sistema de cooperación contemplado en la normativa para mejorar su situación en el proceso.
El fiscal José Sanjuán Quiroz tomó declaración al encausado y recabó información considerada importante para seguir ahondando en la pesquisa. El detalle de estas declaraciones se mantiene en sigilo.
Tal cual lo establece el Código Procesal, ayer se efectuó una audiencia privada para formalizar el pacto. Fuentes judiciales indicaron que la auxiliar fiscal Elina González presentó los lineamientos del convenio y pormenorizó la naturaleza de la información proporcionada por el imputado.
Con el aval del juez Guido Buldurini y sin oposición de la defensa, también se dispuso prolongar la prisión preventiva del colaborador hasta el 29 de julio, aunque bajo la modalidad de arresto domiciliario.
La declaración habría perjudicado la situación procesal de Sánchez Loria. Su abogado, Jorge Montalván Rentería, insistirá con la argumentación esgrimida cuando se le formularon los cargos.
Investigación cuestionada
Los letrados sostienen que la pesquisa se inició de manera ilegítima y que, en consecuencia, todas las diligencias posteriores deberían ser anuladas.
El debate se enfoca en el hallazgo de las sustancias que originaron el caso. Los policías que intervinieron en el accidente declararon que inspeccionaron la mochila de Sánchez Loria con el fin de identificarlo y que, en ese contexto, descubrieron la droga.
La defensa plantea una versión diferente. Según los abogados, su cliente nunca perdió la conciencia y los efectivos revisaron sus pertenencias sin permiso judicial ni base legal suficiente, afectando garantías constitucionales esenciales.
Ese planteo podría convertirse en uno de los ejes centrales del debate en una causa que, tras la aparición del primer colaborador, parece haber entrado en una fase novedosa.