El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció la formación de un fondo especial que se utilizará para adquirir equipamiento bélico. Los recursos provendrán de destinar una décima parte de lo recaudado por las privatizaciones de empresas estatales.
«Esta administración asume el compromiso de impulsar la recuperación progresiva de las capacidades militares y confiamos en que la próxima gestión, sea cual fuere, mantenga esta política de Estado», declaró durante una rueda de prensa.
Agregó: «Se trata de un interés nacional que debe trascender cualquier ideología. Hemos establecido que el 10% de los fondos estatales obtenidos de las privatizaciones se orientará a la adquisición de armamento y bienes de capital para nuestro sistema de defensa».
Estas afirmaciones se produjeron en el contexto de la conmemoración del 50° aniversario del último golpe de Estado. «Es momento de cerrar un capítulo e iniciar una nueva etapa», afirmó.
«A partir del año 2003, el Estado fomentó una reconstrucción parcial y revanchista de los años setenta que ha obstaculizado la cicatrización de la herida nacional. Para reconciliarnos como sociedad necesitamos narrar la historia completa», sostuvo el vocero presidencial.
Sobre el fondo para las Fuerzas Armadas
La creación de este fondo era una opción que se manejaba. Recientemente, un medio nacional informó que Javier Milei analizaba esta iniciativa, que busca asignar una porción de los ingresos por privatizaciones, venta de terrenos y otros activos públicos al reaprovisionamiento de las FFAA.
Esta medida se implementaría mediante un mecanismo que el oficialismo evalúa instrumentar por decreto o con una herramienta de mayor alcance normativo. El Ejecutivo ya habilitó, por un lado, nuevas herramientas para ejecutar las privatizaciones previstas en la Ley Bases y su reglamentación.
Por otro lado, la Agencia de Administración de Bienes del Estado tiene vía libre para promover la venta de inmuebles nacionales declarados «prescindibles para la gestión estatal», entre los que se incluyen predios de las fuerzas que han estado en la mira del Gobierno en los últimos meses.
La posible aplicación del Fondo Nacional de la Defensa
«La Ley de Administración Financiera (24.156) determina que los recursos con afectación específica deben surgir por ley, lo que genera un debate sobre la creación de un fondo de estas características solo con un decreto simple. En Balcarce 50 admiten que ese diseño jurídico aún está bajo análisis», detalló el citado medio.
La referencia inmediata para esa discusión es el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), creado en 2020 para financiar la renovación del equipamiento militar.
Esta norma establece una asignación específica para la recuperación, modernización e incorporación de material para las Fuerzas Armadas, pero la Ley de Presupuesto 2026 derogó el inciso central que le otorgaba una fuente automática de financiamiento.
Desde el Gobierno calculan que pueden recaudar entre US$1500 millones y US$3000 millones para alimentar ese fondo en distintas etapas si logran acelerar las privatizaciones, la venta de terrenos y la enajenación de otros bienes públicos. La apuesta oficial es que esa caja permita sostener compras de gran magnitud sin cargar todo el peso sobre los ingresos corrientes del Tesoro.
Este esquema está vinculado con la negociación que lleva a cabo el ministro de Defensa, Carlos Presti, en Washington, por la posible compra de helicópteros UH-60 Black Hawk. Esta eventual adquisición se presenta como una opción para ampliar las capacidades de transporte táctico, asalto aéreo, apoyo logístico y despliegue rápido.
El Gobierno nacional ya activó la incorporación de vehículos blindados Stryker para el Ejército, sostiene el programa de los cazas F-16 con entrenamiento de pilotos y oficializó además el financiamiento para helicópteros navales livianos para la Armada. A esto se suman los proyectos abiertos para submarinos y buques, entre otros.