El legislador tucumano Manuel Courel anunció públicamente que votó en contra de la terna propuesta para cubrir el cargo de Defensor del Pueblo de Tucumán, y fundamentó su decisión en una serie de cuestionamientos que apuntan tanto a los candidatos como al funcionamiento general del organismo.
«No es una discusión personal. Es una discusión sobre independencia, transparencia y uso de los recursos públicos», afirmó Courel a través de su cuenta de Twitter, donde detalló los motivos de su voto negativo.
Cuestionamientos a la terna: vínculos políticos y falta de idoneidad
Courel sostuvo que la Defensoría del Pueblo debe surgir de «un proceso transparente y exigente, basado en idoneidad e independencia», condiciones que, a su juicio, no se cumplieron en la propuesta analizada. Señaló que al revisar la terna no encontró una trayectoria clara en defensa de derechos por parte de los postulantes.
Uno de los puntos más críticos de su cuestionamiento fue la existencia de vínculos entre varios candidatos y el oficialismo provincial y el Poder Ejecutivo. «El Defensor del Pueblo debe controlar al poder, no depender de él», remarcó el legislador, subrayando que el cargo no puede convertirse en «un premio político».
El presupuesto en cifras: $9.290 millones y casi 500 empleados
Más allá de la terna, Courel amplió su crítica hacia la estructura y el costo del organismo. Según datos del Presupuesto 2026 que citó en su publicación, la Defensoría del Pueblo de Tucumán tiene asignados $9.290 millones, de los cuales más de $9.000 millones corresponden a gastos de personal.
El dato que más llamó la atención del legislador es el crecimiento de la planta de empleados: en 2021 la Defensoría contaba con alrededor de 300 agentes, mientras que el presupuesto actual refleja 483. Eso representa una expansión de casi el 60% en menos de cinco años, sin que, según Courel, exista evidencia pública de una mejora equivalente en la defensa de los derechos de los tucumanos.
«La Defensoría del Pueblo debe ser una institución de control, no una estructura de empleo político.»
Con ese argumento, Courel concluyó su mensaje en redes con una advertencia sobre la sustentabilidad fiscal del modelo: «Así no hay provincia que aguante». El legislador no aclaró si presentará alguna iniciativa formal para auditar o reformar el organismo, aunque su exposición pública del tema podría anticipar movimientos legislativos en esa dirección.