La denuncia de una joven de 14 años por un supuesto ataque sexual durante un evento en Yerba Buena conmocionó a la provincia. Un hecho que comenzó como una salida de diversión derivó en una investigación judicial y abrió el debate sobre las obligaciones legales que recaen sobre quienes organizan y quienes ceden los espacios para estos encuentros.
De acuerdo a la versión de la víctima, ella concurrió con un grupo de amigas a una celebración en el salón Altos San Javier, ubicado en la zona de El Corte. En el transcurso de la velada habría ingerido alcohol. Según su relato, al dirigirse a los sanitarios habría sido agredida por dos jóvenes a los que no reconoció. El examen médico practicado posteriormente corroboró la existencia de lesiones compatibles con una agresión sexual.
El establecimiento contaba con habilitación para realizar eventos sociales, pero había sido cedido a terceros para la realización de esta fiesta. Este mecanismo –señalan conocedores del ámbito del control nocturno– crea frecuentemente un vacío legal: lugares formalmente autorizados que, al ser alquilados, operan como reuniones esporádicas fuera de una supervisión estricta.
La legislación provincial determina que tanto el titular del inmueble como el promotor del evento deben asegurar las condiciones de seguridad, obtener los permisos necesarios y acatar las restricciones aplicables, como la prohibición de vender alcohol a menores y el respeto al aforo máximo. No obstante, cuando se comete un ilícito, las responsabilidades suelen entrelazarse.
Expertos en la materia consultados coinciden en que el acto de alquilar el espacio no libera al dueño de su deber de fiscalización, del mismo modo que el organizador no puede eludir sus obligaciones alegando que el local estaba en regla. Si se verifican irregularidades –como ausencia de autorizaciones policiales, superación del límite de capacidad, expendio de bebidas alcohólicas a menores o falta de personal de seguridad idóneo– ambos podrían ser objeto de sanciones.
ROTONDA. A pocas cuadras del pie del cerro se encuentra el salón de fiestas.
En el marco de la investigación y a la espera de que se esclarezcan los hechos, la Municipalidad de Yerba Buena decretó la clausura preventiva del salón, según confirmó a este medio la secretaria de Seguridad del municipio, Ileana Dulout.
La funcionaria precisó que, según las indagaciones realizadas, el salón fue alquilado a los responsables de la fiesta, quienes comercializaron las entradas por internet. La mayor parte de los concurrentes eran adolescentes. “En esta situación, como en otras, tomamos conocimiento de la realización del evento a través de las redes sociales y por ello intensificamos los operativos de control en esos sectores”, detalló.
Dulout agregó que, al finalizar la reunión, un móvil policial apostado en las cercanías constató que numerosos jóvenes salían en evidente estado de ebriedad y bajaban caminando por El Corte, invadiendo la calzada. “Intentamos poner orden, porque representaba un riesgo real; podría haberse producido un accidente si en ese momento circulaba un vehículo por la ruta”, afirmó.
La secretaria no descartó que las sanciones puedan extenderse también a los propietarios del lugar. “Lo que sucede dentro del salón es responsabilidad de los dueños; por ejemplo, la venta de alcohol a menores o el número de asistentes”, advirtió. Y aclaró que quienes subalquilan un espacio deben gestionar los permisos correspondientes. Sin embargo, esto no sería suficiente para eximir de responsabilidades a los titulares del local.
Preocupación
La funcionaria manifestó su inquietud por la falta de supervisión adulta en estos eventos. “Cientos de chicos quedan a la deriva cuando terminan las fiestas. Son adolescentes de 14 años deambulando por las calles, en muchos casos alcoholizados”, expresó. En ese sentido, adelantó que ya se están planificando operativos de control para otra fiesta prevista este fin de semana en San Martín y Camino de Sirga. Aunque se trata de un área bajo jurisdicción de El Manantial, la guardia municipal de Yerba Buena estará presente en los alrededores para colaborar en las tareas de prevención.
Qué dice la normativa
Rodolfo Di Pinto, presidente de la Cámara de Propietarios de Discotecas y Afines de Tucumán (Caprodyatuc), explicó que la normativa vigente no veta el acceso de menores a locales bailables o salones donde se desarrollen fiestas. “Lo que sí está terminantemente prohibido es la venta de alcohol a los menores dentro del establecimiento”, aclaró.
PROHIBIDO. No se puede vender alcohol a los menores de edad.
Según indicó, la comercialización de bebidas alcohólicas a menores puede acarrear multas que llegan a los siete millones de pesos. Asimismo, quienes alquilen un salón para organizar un evento deben tramitar las autorizaciones pertinentes ante la Policía.
“Cuando un salón de eventos se alquila a terceros, queda fuera del control del IPLA porque el negocio ya abonó su habilitación anual, pero los organizadores deben obtener un permiso policial para ‘Baile Público Eventual’, dado que actúan con un propósito comercial y no como una fiesta privada; en este caso, porque cobran entrada y venden bebidas”, ejemplificó.
“En este escenario se superponen dos actividades, una permanente y otra ocasional, las cuales están reguladas por organismos distintos”, precisó. De acuerdo con Di Pinto, en ocasiones los promotores de estos bailes esporádicos eluden el trámite policial para evitar el pago de una serie de rubros, lo que genera una competencia desleal con quienes llevan años en el rubro del entretenimiento nocturno, cumpliendo con toda la normativa.
Di Pinto subrayó la necesidad de intensificar el trabajo y optimizar los controles para detener la proliferación de eventos no autorizados. “Es en ese ámbito donde se originan la mayoría de los inconvenientes, algunos de extrema gravedad, debido a la carencia de personal de seguridad especializado, al ingreso de menores que consumen alcohol, entre otros factores”, concluyó.
Protocolo de seguridad: de qué trata la campaña «Pregunta por Ángela»
Rodolfo Di Pinto, presidente de la Cámara de Propietarios de Discotecas y Afines de Tucumán (Caprodyatuc), se mostró alarmado por la denuncia de abuso y destacó que promoverán en las discotecas tucumanas la aplicación del protocolo internacional “Ask for Angela” (“Pregunta por Ángela”), una iniciativa creada en el Reino Unido en 2016 para asistir a personas –en especial mujeres– que se hallen en situaciones de vulnerabilidad dentro de bares y boliches. La propuesta consiste en que, ante una circunstancia de riesgo, la persona se acerque a la barra y solicite hablar con “Ángela”. El personal, capacitado previamente, entenderá la señal y proporcionará ayuda de manera discreta, ya sea llamando a un taxi o facilitando una salida segura del lugar. En casos de mayor severidad, el protocolo establece dar aviso inmediato a la Policía, sobre todo si el presunto agresor adopta una actitud violenta o se niega a abandonar el establecimiento.