La investigación por el homicidio de Érika Antonella Álvarez incorporó recientemente un elemento que podría ser determinante: la víctima había recibido amenazas antes de su muerte. Esta nueva información, agregada al expediente, abre una posible línea de análisis para dilucidar los motivos del crimen y evaluar si, además de Felipe “El Militar” Sosa —el único detenido hasta el momento—, existió participación de otras personas.
De acuerdo a la línea de tiempo que maneja la justicia, la joven de 25 años salió de su casa con rumbo a Yerba Buena el martes 6 de enero, presuntamente hacia la vivienda del imputado. Según la teoría del Ministerio Público, el asesinato ocurrió entre la madrugada del miércoles 7 y la mañana del jueves 8. Posteriormente, su cuerpo fue abandonado en un terreno baldío.
El caso ha seguido diversos caminos. Se supo que Érika mantenía una relación con un sujeto conocido como “Carlos”, señalado por allegados como un narcotraficante importante. Asimismo, la pesquisa reveló que, afectada por problemas de adicción, la joven participaba en encuentros sexuales grupales para financiar su consumo. En este escenario surge la figura de Sosa, con quien, según las indagatorias, habría mantenido ese tipo de vínculos de manera recurrente.
Este aspecto cobró mayor relevancia tras las declaraciones del propio acusado en una audiencia relacionada a su situación de consumo. “Pido disculpas a la familia, pero con Érika nos juntábamos a consumir drogas”, afirmó, lo que llevó a los investigadores a profundizar en esa pista.
En una nueva serie de testimonios, los familiares aportaron una información no divulgada hasta ahora: la víctima les habría confesado que estaba siendo amenazada por alguien. Incluso, les solicitó ayuda para rastrear a esa persona en redes sociales con el objetivo de identificarla, tarea que, según indicaron, habrían concretado. Por razones de seguridad, no se reveló el género de esa persona ni el tipo de relación que podría mantener con el imputado.
Fuentes judiciales confirmaron que aún se desconoce el motivo de esas amenazas. En el ámbito de la investigación surgen múltiples interrogantes: si la joven pudo haber tenido acceso a información comprometedora, si su vínculo con Sosa generó roces o si el dato está relacionado con su conexión con “Carlos”. “Son las mismas preguntas que nos estamos haciendo”, reconoció una fuente del Ministerio Público.
Carlos Garmendia, abogado querellante de la familia, sostuvo que no debe descartarse ninguna hipótesis. Remarcó que, si bien existen indicios que involucran a Sosa, todavía debe establecerse si actuó en soledad o si contó con colaboración, ya sea para cometer el hecho o para encubrirlo posteriormente.
Desde el entorno del detenido volvieron a cuestionar el rumbo de la causa. En declaraciones extraoficiales, allegados lo describieron como un empresario dedicado a su trabajo, sin antecedentes violentos, y recordaron que fue sobreseído en una causa por violencia de género. Admitieron, sin embargo, su problema de consumo y la crisis personal que atravesó durante su divorcio. También mencionaron que mantenía una relación con Justina Gordillo, empleada judicial, y que tenían planeado un viaje que fue cancelado tras su arresto.
En forma paralela, un perito del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales confirmó que en los hisopados tomados al cuerpo de la víctima se hallaron muestras biológicas que podrían ser sometidas a análisis genéticos, lo que permitiría sumar evidencia técnica de peso.
A nivel institucional, se confirmó además que Pedro Gallo será el cuarto fiscal en intervenir en el expediente. En las últimas horas mantuvo una reunión con Marcelo Leguizamón para interiorizarse del caso y, a partir del lunes, quedará al frente de la pesquisa, en una causa que sigue sumando elementos y mantiene varias incógnitas centrales sin resolver.