La investigación por el homicidio de Érika Antonella Álvarez sigue presentando vacíos importantes que los pesquisas no han logrado llenar, tanto sobre la dinámica del crimen como sobre sus posibles causas, en un caso que mantiene como único detenido a Felipe “El Militar” Sosa.
Uno de los aspectos más oscuros es la ubicación precisa del hecho. Inicialmente se barajó una casa en Frías Silva al 1.300, destino al que la víctima habría ido para reunirse con Sosa.
Pero también se maneja la posibilidad de que el ataque mortal se haya concretado en otro domicilio, en Santo Domingo al 1.100. Allí, durante allanamientos, se encontraron una soga similar a la usada para amarrar el cuerpo y bolsas de residuo del mismo tipo que las utilizadas para envolverlo.
El momento exacto del asesinato tampoco está claro: los peritajes forenses calculan que pudo ocurrir entre el miércoles 7 y el jueves 8.
Otro punto sin aclarar es cómo se movió el cadáver. La teoría principal sugiere el uso de una camioneta. En esa línea, se incautaron más de seis vehículos de esas características vinculados a las empresas de seguridad del imputado.
Sin embargo, los investigadores también evalúan el rol de una VW Amarok que, por orden de Sosa, habría sido conducida a Buenos Aires por un empleado al día siguiente del crimen. Ese automóvil fue localizado y secuestrado en Pilar.
En el plano de las pruebas, se confirmó la recolección de muestras biológicas y se espera que el perito fiscal informe si son adecuadas para estudios de ADN que puedan arrojar luz sobre la presencia de rastros clave.
El celular de Érika sigue sin ser hallado, aunque, a solicitud del querellante Carlos Garmendia y mediante una tecnología específica, se determinó que sería factible recuperar datos del aparato.
Según se supo, ese análisis comenzaría el lunes. Para los familiares, ese contenido podría ser crucial, ya que afirman que la joven acostumbraba a registrar su vida mediante mensajes, audios, fotos y videos.
Respecto a los teléfonos incautados a Sosa, comenzó el examen de uno de los dos dispositivos, presuntamente el que usaba para asuntos laborales. El equipo no pudo desbloquearse porque se ingresó un código PIN erróneo. Los primeros abogados defensores se habían comprometido a facilitar el acceso, pero no se informó si lo hicieron antes de dejar el caso.
Sobre la eventual participación de más personas, el panorama permanece abierto. Los familiares admitieron que Érika tenía encuentros sexuales con Sosa y con otros individuos, pero no hay confirmación de que ese día se hubiera concretado una cita de esa índole.
De verificarse la intervención de terceros, los investigadores deberán establecer si tuvieron un rol directo en la muerte o si colaboraron en ocultar el cuerpo.
En cuanto a la situación personal del acusado, se informó que está divorciado y mantiene una relación con Justina Gordillo, una empleada judicial que trabaja bajo dependencia de la Corte Suprema de Justicia provincial.
Sus compañeros de trabajo, aún en época de feria, expresaron sorpresa por la detención de su pareja, a quien describieron como una persona discreta y sin historial conflictivo.
También se indaga si Sosa recibió ayuda para permanecer prófugo varios días en Buenos Aires, aunque por el momento no hay precisiones. Paralelamente, continúa el debate sobre un posible nexo del caso con el narcotráfico.
Aunque surgieron indicios en esa dirección, se desconoce si se abrió una causa específica en la fiscalía de Narcomenudeo y se confirmó que la Justicia Federal no recibió notificaciones formales al respecto.
La respuesta definitiva sobre este punto dependerá, en última instancia, de que se logre establecer con certeza cuál fue el motivo del crimen.