El homicidio de Érika Antonella Álvarez, una joven de 25 años encontrada sin vida en un terreno baldío de Manantial Sur, reveló una compleja red que incluye adicciones, encuentros íntimos, conexiones con el narcocrimen y la figura de un empresario del rubro seguridad con formación castrense. Por la multiplicidad de factores involucrados, el caso ya se perfila como uno de los más impactantes en los últimos tiempos dentro de la crónica policial provincial.
Felipe Sosa, alias “El Militar”, es el único detenido hasta el momento. Según la acusación del fiscal Carlos Picón, entre el miércoles 7 y el jueves 8 de enero, el imputado habría golpeado a la víctima hasta provocarle la muerte en una vivienda de Yerba Buena, para luego intentar desprenderse del cadáver abandonándolo en un descampado. La causa del deceso habrían sido las lesiones por golpizas, incluyendo una técnica conocida como “toma de león” que le habría dañado las vértebras del cuello.
De acuerdo con la teoría de la investigación, tras cometer el crimen, Sosa amarró el cuerpo para transportarlo con mayor facilidad, lo introdujo en una bolsa de residuos y lo depositó en el sitio del hallazgo. Los investigadores sospechan que no actuó en completa soledad y que pudo recibir asistencia para encubrir el hecho.
Érika Álvarez era estudiante de Enfermería y enfrentaba problemas de consumo de estupefacientes. Carecía de empleo estable y, según las pesquisas, se relacionaba con hombres que le proveían drogas. Inicialmente, su entorno familiar indicó que trabajaba como acompañante, aunque luego se supo que participaba en reuniones privadas donde se registraban consumo de sustancias y prácticas sexuales grupales.
En este escenario emerge la figura de un hombre señalado como su pareja y principal sostén económico, presuntamente ligado al tráfico de drogas. Familiares y conocidos lo identificaron como un ciudadano paraguayo apodado “El Mayor”, mencionado en varias causas por encabezar una banda dedicada al transporte aéreo de marihuana. Este individuo alquilaba una casa en El Cadillal donde se organizaban encuentros a los que acudía la joven.
La Justicia trabaja para establecer si ese vínculo fue meramente afectivo o si la víctima desempeñaba alguna función adicional dentro de ese círculo. Tampoco se excluye que esa conexión haya sido el puente entre Álvarez y Sosa. Expertos consultados manifestaron que es improbable que alguien asesine a la compañera de un narcotraficante sin que este esté al tanto de lo ocurrido.
El perfil del acusado también es objeto de análisis. Sosa se graduó del Colegio Militar, sirvió en el Ejército Argentino y posteriormente formó parte de la Legión Extranjera de Francia. Luego dejó la vida castrense y se dedicó al negocio de la seguridad privada, fundando su propia compañía. No registra antecedentes penales, pero ha sido parte de varios procesos judiciales, incluyendo una causa federal por cultivo de marihuana —donde obtuvo un sobreseimiento— y otra por violencia de género, que finalizó sin condena en medio de fuertes críticas.
En las últimas horas también se conoció que habría sido denunciado por amenazas de muerte por un ex cuñado, aunque el estado de esa causa aún no fue precisado. Durante los allanamientos en su empresa, las fuerzas policiales incautaron vehículos, armas de fuego, una caja fuerte y dispositivos electrónicos que están siendo examinados.
La pesquisa también avanza sobre el círculo cercano del detenido. Sosa declaró estar divorciado, ser padre de dos niñas y mantener una relación con una empleada del Poder Judicial. En sede judicial admitió haber tenido encuentros sexuales múltiples y haber consumido drogas junto a la víctima. Los investigadores intentan identificar a otras personas que podrían haber participado de esas reuniones.
En forma paralela, se iniciaron los estudios genéticos de muestras biológicas obtenidas del cuerpo de Álvarez, mientras prosigue el análisis de los teléfonos celulares secuestrados. Aunque el dispositivo de la víctima no fue localizado, los peritos evalúan la factibilidad de recuperar datos mediante herramientas tecnológicas especializadas.
Desde el Ministerio Público y la Policía aseguraron que la investigación permanece activa y que se explorarán todas las líneas, incluida la vinculada al narcotráfico. La familia de la joven exige que no quede ningún aspecto sin esclarecer y que se determine la posible participación de otras personas, de manera directa o indirecta, en el crimen.