En un mismo día, la investigación del asesinato de Érika Álvarez recibió dos impulsos significativos. Por un lado, los peritos confirmaron la posibilidad de recuperar datos del teléfono móvil de la víctima mediante tecnología especializada. Paralelamente, en un allanamiento a la empresa Grupo Sosa, la policía incautó una computadora que contendría los registros de geolocalización de sus vehículos, de los cuales es socio gerente el imputado Felipe “El Militar” Sosa.
“Son avances cruciales. Del celular de Érika podríamos extraer numerosas pruebas que permitirían ahondar en la pesquisa”, afirmó Carlos Garmendia, abogado de la familia. “Ella solía documentar muchos aspectos de su vida: mensajes, imágenes e incluso grabaciones de los sitios que visitaba y las personas con las que se encontraba”, explicó el letrado.
Estos datos son considerados fundamentales por los investigadores. Tanto los pesquisas como los fiscales María del Carmen Reuter, Carlos Picón y Marcelo Leguizamón coinciden en que Sosa sería el autor material del homicidio. No obstante, manejan la hipótesis de que no actuó en solitario y que podrían estar involucradas más personas, ya sea en el hecho mismo o en su encubrimiento.
La pista del narcotráfico
La información también es vital para analizar la línea de investigación vinculada al narcotráfico. Hasta ahora, los investigadores no creen que a Érika la mataran por una razón directa con drogas, sino porque habría tenido conocimiento de detalles del tráfico de estupefacientes en círculos de alto poder adquisitivo de Tucumán.
La joven no solo habría tenido una relación sentimental con “Carlos”, un narcotraficante con pedidos de captura que se habría refugiado en la provincia, sino que este hombre la habría presentado a Sosa. El acusado, según declaraciones de la hermana de la víctima, Marianela Álvarez, podría haber sido proveedor de éxtasis para fiestas electrónicas. Al cierre de esta edición, no se había informado si el Ministerio Público iniciará una causa paralela por esta línea.
“La familia ha sido muy explícita. Quiere saber quién o quiénes mataron a Érika y el motivo. Pero también exige que se investiguen los indicios narco que surgieron. Hay una gran oportunidad. Si el Ministerio Público no lo pide, presentaremos una denuncia ante la Justicia Federal”, reiteró Garmendia.
En este marco, los investigadores analizan un dato que podría ser determinante. Fuentes de una fuerza federal confiaron que “Carlos” habría sido detenido en Tucumán por una causa de drogas y luego extraditado a otra provincia.
Un hallazgo clave
Personal de la División Homicidios, a cargo de los comisarios Susana Montero y Miguel Carabajal, allanó la sede del Grupo Sosa. En el lugar encontraron un dispositivo de almacenamiento que sería clave. La empresa, como muchas del rubro seguridad, utiliza un sistema de monitoreo por GPS para sus vehículos.
En el marco de la causa ya se han secuestrado más de media docena de camionetas. Con la información del dispositivo incautado, los investigadores podrán corroborar o descartar si alguna de ellas fue usada para trasladar y abandonar el cuerpo de Érika en un terreno baldío de Manantial Sur.
El fiscal Picón, durante la audiencia en la que se decretó la prisión preventiva de Sosa por seis meses, sostuvo que la joven habría sido asesinada entre el miércoles 7 y el jueves 8 en una vivienda de Yerba Buena. Luego, utilizando un vehículo que en ese momento no estaba identificado, habrían intentado deshacerse del cadáver.
En materia de pericias, hoy se llevará a cabo un procedimiento considerado esencial en casos complejos. Se abrirán los sobres con las muestras biológicas que serán sometidas a análisis genéticos. Hasta el momento, no se dieron a conocer detalles sobre los rastros hallados.
La postura de la defensa
“Hay que ser prudente al informar sobre este caso. Se está estigmatizando a un empresario y se está generando un daño importante a su entorno, especialmente a sus hijas”, sostuvo Marcelo Cosiansi, quien junto a Rubén Flores defiende al acusado. “Es cierto que es militar, pero no es un comando ni recibió instrucción especial. Siempre participó en misiones de paz”, añadió.
Por otra parte, el abogado confirmó que en las próximas horas solicitará una audiencia para analizar los problemas de salud que padece “El Militar”. El imputado reconoció ser consumidor de cocaína y marihuana. “Está atravesando una crisis de abstinencia. Necesita atención médica y contención profesional”, explicó Cosiansi.
El letrado adelantó que pedirá que Sosa sea evaluado por una junta médica para elaborar un diagnóstico y recomendar el tratamiento adecuado. En la actualidad, el imputado se encuentra alojado en la penitenciaría de Benjamín Paz.