Un informe de los trabajadores de Vialidad Nacional advierte sobre el deterioro acelerado de las rutas y el impacto directo que tiene la falta de inversión en la seguridad vial y la actividad productiva.
Un documento técnico confeccionado por la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) alerta sobre un sostenido proceso de desguace de la infraestructura caminera del país y detalla sus consecuencias inmediatas sobre la seguridad, la producción y la vida diaria de los ciudadanos.
Basándose en información y argumentos de carácter técnico, el escrito describe el abandono en el cuidado de las carreteras, la subejecución de las partidas presupuestarias y el vaciamiento de Vialidad Nacional, vinculando estas políticas con el aumento de los accidentes de tránsito, el incremento de los costos logísticos y el desmejoramiento de la estructura productiva. El informe propone, además, la necesidad imperiosa de decretar la emergencia vial con el objetivo de priorizar la protección de la vida, el empleo y el progreso de la nación.
De acuerdo con el informe técnico de FEPEVINA, con fecha del 31 de diciembre de 2025, entre el 65% y el 70% de la Red Vial Nacional se halla en condición regular o mala, según información del SIG VIAL y proyecciones prudentes.
Este rápido deterioro es atribuido a una decisión política intencional de desmantelar la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), organismo que perdió más de 800 empleados especializados desde diciembre de 2023, con expectativas de otros 900 despidos mediante retiros voluntarios forzados y una congelación salarial que ya acumula 15 meses.
El Decreto 461/2025 intentó disolver la DNV, pero fue detenido por la Justicia —a pedido del sindicato SEVINA— y rechazado por el Congreso.
Sin embargo, el informe indica que el vaciamiento prosigue por la vía presupuestaria: el Presupuesto 2026 implica una caída real del 75% en comparación con 2023, a lo que se suman subejecuciones cercanas al 50% durante 2024 y 2025, incluso en fondos originados en el Impuesto a los Combustibles. Programas clave como repavimentación, seguridad vial y mantenimiento estructural registran niveles de ejecución casi nulos.
Las consecuencias, advierte el documento, ya son perceptibles.
La siniestralidad vial creció un 14% entre 2022 y 2023, con 4.369 muertes oficiales y cálculos de la asociación Luchemos por la Vida que superan las 6.200 víctimas fatales en 2023.
Rutas críticas como la RN 33, 151, 34, 1V66, 121, 119, 120, A015, 136, 1V11, la Autovía RN 5 y la RN 7 presentan un estado de abandono generalizado, con baches, congestión y riesgos crecientes que elevan los costos operativos y reducen las velocidades promedio a apenas 60 km/h.
El informe subraya que el problema no obedece a una carencia de recursos, sino a una definición ideológica. “Vialidad no es gasto, es inversión pública y soberanía”, sostiene el documento, que alerta que persistir en esta dirección multiplicará los costos futuros y erosionará el pacto fiscal, hasta el punto de que ciudadanos organizados ya comenzaron a señalizar por su propia cuenta los tramos más peligrosos.
Ante este panorama, FEPEVINA exige la declaración inmediata de la emergencia vial como única vía para revertir el colapso del sistema, priorizar el mantenimiento preventivo y preservar el capital humano de la Dirección Nacional de Vialidad.
