La aprehensión de Felipe Sosa, alias “El Militar”, marca un giro crucial en la pesquisa por el homicidio de Érika Antonella Álvarez, la joven de 25 años cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una bolsa en un terreno baldío de Manantial Sur. A pesar de que el ex militar ya está detenido, los investigadores sostienen que el caso dista de estar cerrado y ahora concentran sus esfuerzos en dilucidar las circunstancias exactas del deceso, el posible motivo y la eventual intervención de otras personas.
El hallazgo se produjo el jueves 8 de enero, tras una llamada al 911 que alertaba sobre un cadáver en un lote de William Bliss y Gerónimo Helguera. Familiares de la víctima, que llevaban días sin noticias, se presentaron en el lugar y la identificaron. Desde un principio, los peritos de Homicidios determinaron que el crimen no se cometió allí, sino que el cuerpo fue trasladado y abandonado en ese sitio para borrar evidencias.
El examen médico legal preliminar estableció que la muerte fue resultado de una violenta golpiza, con lesiones concentradas en el lado derecho del cuerpo. Además, presentaba la mandíbula dislocada, un dato que llamó la atención de los forenses y que no descarta que haya sido torturada antes de fallecer. Otro elemento que fortalece esta línea es que el cuerpo llevaba entre día y medio y dos días en el terreno, lo que sugiere una logística para su traslado y abandono.
Con el avance de las indagatorias, la pesquisa se focalizó en el círculo social de la joven. Las declaraciones recogidas indican que Érika tenía serios problemas de adicción y frecuentaba un circuito de fiestas electrónicas donde circulaban estupefacientes y concurrían empresarios, profesionales y personas de alto poder adquisitivo. En ese ambiente empezó a resonar un apodo: “El Militar”. Los testigos coincidieron en que se trataba de un hombre vinculado al rubro de la seguridad privada y que se movía en Yerba Buena.
Esta pista ganó peso al conocerse que el último mensaje de la joven a su hermana fue enviado desde esa ciudad. Esto derivó directamente en Felipe Sosa, un ex miembro del Ejército Argentino que también integró la Legión Extranjera Francesa y que, tras retirarse de la vida castrense en 2008, se dedicó al negocio de la seguridad privada en la provincia. En 2009 fundó su propia firma, Seguridad Objetiva, brindando servicios a importantes empresas citrícolas y de transporte de caudales.
Su perfil, sin embargo, volvió al centro de la escena en junio de 2023, cuando la Policía halló 36 plantas de marihuana en su domicilio. En esa oportunidad, Sosa alegó tener autorización para autocultivo medicinal, pero el procedimiento coincidió con denuncias por violencia de género realizadas por su ex pareja y con sospechas de que su empresa era utilizada para lavar activos. Según versiones, la ex mujer es hija de un conocido empresario tucumano del transporte, vínculo que habría generado una red de contactos en el ámbito judicial y empresarial.
En el marco de la causa por el asesinato de Érika Álvarez, la fiscal María del Carmen Reuter dispuso una serie de allanamientos en el Gran San Miguel que terminaron involucrando a Sosa. Cuando los investigadores concurrieron a su domicilio declarado, el sospechoso ya no estaba. Horas después se allanó su vivienda en Yerba Buena, donde se secuestraron elementos que podrían vincularlo con el hecho. Al percatarse de que era investigado, Sosa huyó de la provincia el martes 6 de enero en una moto KTM 1290 S valuada en 50 millones de pesos.
La fuga activó un operativo especial en Buenos Aires y, tras un trabajo conjunto de la Policía de Tucumán, la Bonaerense y la Federal, fue finalmente capturado en Pilar. Circulaba con ropa y su pasaporte, lo que hace suponer que podría haber intentado salir del país. Ahora, el fiscal Carlos Picón avanza con los trámites de extradición para que el imputado sea trasladado a Tucumán y formalmente acusado por el crimen.
El caso, no obstante, permanece abierto. Los investigadores intentan determinar si Sosa actuó en solitario o contó con colaboradores para mover el cuerpo y eliminar pruebas. También procuran establecer si el homicidio tiene vínculos con el narcotráfico y el circuito de fiestas electrónicas que frecuentaba la víctima.
Las líneas de investigación que se manejan son tres: que la muerte se produjera por una sobredosis en una fiesta privada en Yerba Buena, que la joven fuera asesinada para silenciarla por conocer detalles de una red de venta de drogas, o que formara parte de esa organización y cometiera un error o una traición.
En paralelo, se analiza la estructura de la empresa Seguridad Objetiva y su eventual papel en operaciones de lavado de dinero. De surgir indicios firmes en ese sentido, la causa podría derivar a la justicia federal.