Lunes 22 de Diciembre de 2025, 06:20
La anomalía se descubrió mediante una comparación de información entre la Andis y el Renaper, la cual posibilitó localizar estos CUDLa administración nacional informó la identificación de 178 mil Certificados Únicos de Discapacidad que permanecían vigentes aunque correspondían a individuos ya fallecidos. Este hallazgo se enmarca en la reestructuración de la Agencia Nacional de Discapacidad, que comenzó luego de la intervención de la entidad.
El descubrimiento fue posible gracias a un cotejo de las bases de datos de la Andis con las del Registro Nacional de las Personas, lo que reveló la existencia de documentos válidos asignados a personas difuntas. Esta información, recabada recientemente, llevó a la decisión de cancelar de forma inmediata dichos certificados.
Asimismo, el Poder Ejecutivo analiza emprender acciones legales contra aquellos que siguieron recibiendo prestaciones vinculadas al CUD de manera irregular, así como contra los proveedores de servicios que habrían facturado atenciones a personas fallecidas, una práctica considerada un daño económico al Estado.
La detección de los certificados en situación irregular generó una investigación interna en la agencia, que se encuentra intervenida tras el cese de su anterior director. Este proceso de verificación fue impulsado como parte de una auditoría general orientada a reorganizar el organismo y detectar posibles irregularidades administrativas.
De acuerdo con la evaluación oficial, la confrontación de datos debió realizarse antes, ya que constituye un control elemental para prevenir erogaciones indebidas. La falta de este procedimiento es uno de los aspectos que ahora se examinan dentro de la revisión sobre la gestión anterior del organismo.
En este marco, se planea una segunda etapa de cruce de información para individualizar a los prestadores que declararon haber realizado servicios a titulares fallecidos. Con esa evidencia, el Gobierno evalúa presentar denuncias por un presunto delito de estafa al Estado.
El CUD es un documento oficial y sin costo que acredita la condición de discapacidad de una persona, permitiéndole acceder a servicios de salud, transporte público gratuito, asignaciones familiares y otros beneficios en todo el país. El certificado se emite tras una evaluación realizada por una Junta Interdisciplinaria y no posee una fecha de caducidad definida, sino plazos de revalidación que en la actualidad se encuentran extendidos.
El hallazgo de certificados activos a nombre de fallecidos puso en evidencia deficiencias estructurales en los sistemas de fiscalización, en un área estatal clave que administra fondos destinados a uno de los grupos poblacionales más vulnerables.
Tras el recambio de autoridades en la Andis, el Ministerio de Salud dispuso una auditoría integral del organismo, con la participación de la Sindicatura General de la Nación como ente de control externo. La revisión abarca no solo la administración de los certificados y las Pensiones No Contributivas, sino también los procesos de adquisición de medicamentos.
La auditoría se inició en septiembre del año pasado y, conforme a los tiempos legales, podría finalizar antes de que concluya el primer trimestre de 2026. Los resultados aún no han sido oficialmente comunicados, pero el Gobierno adelantó que el proceso busca determinar responsabilidades administrativas y, eventualmente, penales.
El área de Discapacidad vivió en el último año un período de alta tensión, marcado tanto por el escándalo que derivó en la intervención de la agencia como por las críticas del oficialismo a la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuya anulación no prosperó en el Congreso durante el debate del Presupuesto 2026.
Mientras continúa la auditoría, el Ejecutivo afirma que la depuración de los registros es un paso indispensable para transparentar el sistema, asegurar que los recursos se destinen a los verdaderos beneficiarios y prevenir maniobras que perjudiquen las finanzas públicas.
