“Teniendo en cuenta que del análisis efectuado a la presente causa surge que no se han obtenido medios probatorios suficientes para atribuir la comisión de un hecho punible; ello hace improcedente la recepción de declaración en calidad de imputado a persona alguna”, escribe la fiscal Adriana Reinoso Cuello, de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal VI, en la resolución firmada el pasado 16 de agosto, en la que exime de delito al intendente Mariano Campero y una serie de funcionarios municipales por la compra de 12 camiones recolectores a la firma Rolcar S.A.
Según la decisión de la fiscal, los denunciantes no pudieron aportar pruebas suficientes para constatar que se haya cometido un hecho ilícito, por lo que decidió archivar la causa.
La decisión de adquirir los camiones había sido anunciada por el jefe municipal en mayo de este año, con el objetivo que sea el municipio el único responsable de la recolección de residuos en la ciudad y alrededores.
Luego de la apertura de la licitación y de que la mencionada firma se quedara con el pliego, otra empresa ─Econovo Tecnología Sustentable─ impugnó el proceso administrativo.
Un mes después, llegó al despacho del intendente la denuncia iniciada por la ciudadana Mariana Vergara, quien les imputaba al intendente y a funcionarios municipales los delitos de “defraudación en contra de la administración pública“, “incumplimiento de los deberes de funcionario público“, “abuso de autoridad“, “falsedad ideológica” y “demás delitos que pudieran surgir de la etapa penal de la investigación“.