El Consejo Asesor de Seguridad de Yerba Buena aún espera ser promulgado

La inseguridad es un tema que resuena desde hace ya bastante tiempo y que, hasta hoy, no encuentra respuestas óptimas. Si bien los concejales de Yerba Buena aseguran que se está trabajando sobre ello, hay quienes afirman que esto es un mal de nunca acabar. Recientes hechos delictivos encendieron nuevamente la alarma de vecinos.
Recientemente el concejal, Lisandro Argiró, presentó ante el Concejo Deliberante un proyecto solicitando la formación de un Consejo de Seguridad, el cual fue aprobado por nueve de los diez ediles. «Creo que la situación de inseguridad de Yerba Buena es delicada como lo es en toda la provincia, existe un aumento del delito y poca respuesta de los principales responsables (Poder Ejecutivo provincial)», comenta.
Conforme al artículo 101 de la Constitución Provincial, es el Poder Ejecutivo de la Provincia quien tienen la principal responsabilidad y el presupuesto para asegurar la seguridad en todo el territorio. «El municipio debe colaborar en materia de seguridad tomando medidas que estén al alcance del mismo, como por ejemplo mejorar la luminaria y eliminar los sitios baldíos de la ciudad», explica. Por otro lado, y conforme los proyectos presentados y aprobados, desde el Concejo apuntan a combatir la inseguridad de una forma un poco menos tradicional a la ya conocida: creación de una mesa de denuncia, encuestas de victimización, posible implementación de una Guardia Municipal, entre otras iniciativas.
Argiró sostiene que es importante recopilar información y formar un mapa del delito, a fin de tener datos certeros de dónde y en qué horarios se producen hechos delictivos con mayor frecuencia. Asegura que el Poder Ejecutivo provincial no brinda este tipo de información. «Los delitos que ingresan por el sistemas penal no son todos, me animaría a decir son los menos. Mediante las encuestas y la mesa de denuncia se tendrá mayor información  para tomar decisiones serias reales y ciertas», sostiene.
La semana pasada, concejales firmaron un convenio con el Observatorio de Seguridad de la Facultad de Derecho y Ciencia Sociales. La idea es de trabajar en conjunto la temática de la inseguridad. «El Consejo Asesor crea la encuesta de victimización, que es lo que estamos tratando de hacer con la Facultad de Derecho. Esta es la manera de tener rigor de los datos», afirma.
Algunas de las críticas recibidas por Argiró sobre la creación de un Consejo Asesor de Seguridad en lugar de ─entre otras sugerencias─ una Policía Municipal, estaban referidas a la burocracia que se podía generar para combatir la inseguridad. «Luego de estudiar muchos Consejos que estaban funcionando en distintos lugares, distintos municipio como de Rosario, Santa Fe, hemos visto como funciona. Ese Consejo Asesor de Seguridad básicamente es investigar la posibilidad de implementación, hacer un plan anual con algunas ideas que puedan ser revisadas en conjunto con la Policía y con la Provincia. Hacer campañas de concientización  de actividades que puedan hacer los vecinos también que puedan colaborar con la seguridad y, una de las cosas más interesantes, la creación de la mesas de denuncias», resalta.
Según el concejal, la gente ya no va a hacer las denuncias a las comisarias por distintos motivos: descreimiento, negación por parte de la Policía o la poca valoración que las propias víctimas dan a ciertos hechos. Considera, entonces, que hay falta de información y de datos certeros sobre inseguridad. «Hay números, pero los números no son oficiales. Desde la secretaría de Seguridad se ha impedido informar sobre los números y todo», se queja.
En ese sentido y respecto a algunas de las declaraciones hechas a este diario por Enrique Bulacios, director de Seguridad, en las que asegura que los índices de inseguridad carecen de rigor científico, Argiró coincide: «Yo he tratado de buscar datos y no te dan los datos certeros, (En referencia a la secretaría de Seguridad provincial). Los policías no te quieren dar datos, algunos policías tienen miedo no sé por qué».
La idea, según explica el concejal, es hacer un relevamiento barrio por barrio: cuántas luces faltan, cuántos sitios baldíos hay y realizar reuniones periódicas. «Hemos tenido reuniones con Bulacios, debatimos, a veces estamos de acuerdo, a veces no», recuerda.
Con respecto al pedido de «emergencia en seguridad» presentada por sus pares, cuestión que generó algunos cruces entre ediles del mismo frente -puntualmente Zelaya y Albornoz Piossek- expresó: «Pese a tener buenas intenciones, a mi entender eran inconducente a fin de lograr mayor seguridad por lo que en sesión fueron tratadas por el Concejo y a mi entender se aprobó lo más conducente y efectivo. Se solicitó al Ejecutivo Provincial, entre otras medidas, declare la emergencia en toda la provincia. También se pidió Informe de datos delictivos y de la nómina de policías y horarios de los afincados en Yerba Buena. También que se reinstale la Brigada de Investigación Norte y se disponga el llamado a policías idóneos que estén en situación de retiro».
Cabe aclarar que, al cierre de esta nota, el dictamen aprobado aún no fue promulgado.

La inseguridad es un tema que resuena desde hace ya bastante tiempo y que, hasta hoy, no encuentra respuestas óptimas. Si bien los concejales de Yerba Buena aseguran que se está trabajando sobre ello, hay quienes afirman que esto es un mal de nunca acabar. Recientes hechos delictivos encendieron nuevamente la alarma de vecinos.

Recientemente el concejal, Lisandro Argiró, presentó ante el Concejo Deliberante un proyecto solicitando la formación de un Consejo de Seguridad, el cual fue aprobado por nueve de los diez ediles. «Creo que la situación de inseguridad de Yerba Buena es delicada como lo es en toda la provincia, existe un aumento del delito y poca respuesta de los principales responsables (Poder Ejecutivo provincial)», comenta.

Conforme al artículo 101 de la Constitución Provincial, es el Poder Ejecutivo de la Provincia quien tienen la principal responsabilidad y el presupuesto para asegurar la seguridad en todo el territorio. «El municipio debe colaborar en materia de seguridad tomando medidas que estén al alcance del mismo, como por ejemplo mejorar la luminaria y eliminar los sitios baldíos de la ciudad», explica. Por otro lado, y conforme los proyectos presentados y aprobados, desde el Concejo apuntan a combatir la inseguridad de una forma un poco menos tradicional a la ya conocida: creación de una mesa de denuncia, encuestas de victimización, posible implementación de una Guardia Municipal, entre otras iniciativas.

Argiró sostiene que es importante recopilar información y formar un mapa del delito, a fin de tener datos certeros de dónde y en qué horarios se producen hechos delictivos con mayor frecuencia. Asegura que el Poder Ejecutivo provincial no brinda este tipo de información. «Los delitos que ingresan por el sistemas penal no son todos, me animaría a decir son los menos. Mediante las encuestas y la mesa de denuncia se tendrá mayor información  para tomar decisiones serias reales y ciertas», sostiene.

La semana pasada, concejales firmaron un convenio con el Observatorio de Seguridad de la Facultad de Derecho y Ciencia Sociales. La idea es de trabajar en conjunto la temática de la inseguridad. «El Consejo Asesor crea la encuesta de victimización, que es lo que estamos tratando de hacer con la Facultad de Derecho. Esta es la manera de tener rigor de los datos», afirma.

Algunas de las críticas recibidas por Argiró sobre la creación de un Consejo Asesor de Seguridad en lugar de ─entre otras sugerencias─ una Policía Municipal, estaban referidas a la burocracia que se podía generar para combatir la inseguridad. «Luego de estudiar muchos Consejos que estaban funcionando en distintos lugares, distintos municipio como de Rosario, Santa Fe, hemos visto como funciona. Ese Consejo Asesor de Seguridad básicamente es investigar la posibilidad de implementación, hacer un plan anual con algunas ideas que puedan ser revisadas en conjunto con la Policía y con la Provincia. Hacer campañas de concientización  de actividades que puedan hacer los vecinos también que puedan colaborar con la seguridad y, una de las cosas más interesantes, la creación de la mesas de denuncias», resalta.

Según el concejal, la gente ya no va a hacer las denuncias a las comisarias por distintos motivos: descreimiento, negación por parte de la Policía o la poca valoración que las propias víctimas dan a ciertos hechos. Considera, entonces, que hay falta de información y de datos certeros sobre inseguridad. «Hay números, pero los números no son oficiales. Desde la secretaría de Seguridad se ha impedido informar sobre los números y todo», se queja.

En ese sentido y respecto a algunas de las declaraciones hechas a este diario por Enrique Bulacios, director de Seguridad, en las que asegura que los índices de inseguridad carecen de rigor científico, Argiró coincide: «Yo he tratado de buscar datos y no te dan los datos certeros, (En referencia a la secretaría de Seguridad provincial). Los policías no te quieren dar datos, algunos policías tienen miedo no sé por qué».

La idea, según explica el concejal, es hacer un relevamiento barrio por barrio: cuántas luces faltan, cuántos sitios baldíos hay y realizar reuniones periódicas. «Hemos tenido reuniones con Bulacios, debatimos, a veces estamos de acuerdo, a veces no», recuerda.

Con respecto al pedido de «emergencia en seguridad» presentada por sus pares, cuestión que generó algunos cruces entre ediles del mismo frente -puntualmente Zelaya y Albornoz Piossek- expresó: «Pese a tener buenas intenciones, a mi entender eran inconducente a fin de lograr mayor seguridad por lo que en sesión fueron tratadas por el Concejo y a mi entender se aprobó lo más conducente y efectivo. Se solicitó al Ejecutivo Provincial, entre otras medidas, declare la emergencia en toda la provincia. También se pidió Informe de datos delictivos y de la nómina de policías y horarios de los afincados en Yerba Buena. También que se reinstale la Brigada de Investigación Norte y se disponga el llamado a policías idóneos que estén en situación de retiro».

Cabe aclarar que, al cierre de esta nota, el dictamen aprobado aún no había sido promulgado. Con el plazo vencido, ahora todo depende del Poder Ejecutivo municipal, que deberá promulgar o vetar.

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