La emergencia en seguridad en Yerba Buena queda en manos de la Provincia

Los vecinos que asistieron el jueves a la mañana al Concejo Deliberante con expectativas de respuestas a la inseguridad que reina en Yerba Buena se fueron con gusto a poco. La emergencia en seguridad fue aprobada, pero no como algunos esperaban.
Por amplia mayoria, el cuerpo legislativo local decidió aprobar un pedido de declaración de emergencia en seguridad pública dirigido a la Provincia y no al municipio. Esto, según aducen, porque es el ejecutivo provincial el que posee atribuciones para controlar recursos relacionados a la preservación de la seguridad.
El dictamen aprobado pertenece a los concejales Lisandro Argiró, Benjamín Zelaya, Maximiliano García, Wálter Aráoz y José Macome. Posee ocho artículos, entre los cuales se destaca la convocatoria de personal retirado a la Policía de la Provincia para solicitar sus servicios, pedido de intensificación de procedimientos policiales, reparación de dependencias policiales, reinstalación de la «Brigada de Investigación Norte» y solicitud de estadísticas de delito. También se solicita la nómina de agentes que trabajan en Yerba Buena para controlar el cumplimiento de sus labores.
La propuesta deja en manos del Poder Ejecutivo provincial y de la Legislatura cualquier nueva medida que se tome de ahora en adelante para combatir la inseguridad en la ciudad y alrededores.
La otra emergencia
El dictamen descartado, perteneciente a los concejales Pedro albornoz Piossek y Lucas Cerúsico, proponía declarar la emergencia en seguridad dentro de los límites del municipio, la implementación de una Guardia Mucnicipal para apoyar a la Policía provincial y la creación de una secretaría de Seguridad en reemplazo a la actual dirección; todo dentro de un mismo proyecto.
«Interesa más que se declare emergencia en la provincia que acá», expuso Argiró ante su par Albornoz Piossek, fundamentando que el municipio no está en condiciones económicas de mantener una fuerza de seguridad propia. Zelaya, por su parte, aseguró que es inconstitucional declarar la emergencia en seguridad dentro del municipio.

Los vecinos que asistieron el jueves a la mañana al Concejo Deliberante con expectativas de respuestas a la inseguridad que reina en Yerba Buena se fueron con gusto a poco. La emergencia en seguridad fue aprobada, pero no como algunos esperaban.

Por amplia mayoría, el cuerpo legislativo local decidió aprobar un pedido de declaración de emergencia en seguridad pública dirigido a la Provincia y no al municipio. Esto, según aducen, porque es el ejecutivo provincial el que posee atribuciones para controlar recursos relacionados a la preservación de la seguridad.

El dictamen aprobado pertenece a los concejales Lisandro Argiró, Benjamín Zelaya, Maximiliano García, Wálter Aráoz y José Macome. Posee ocho artículos, entre los cuales se destaca la convocatoria de personal retirado a la Policía de la Provincia para solicitar sus servicios, pedido de intensificación de procedimientos policiales, reparación de dependencias policiales, reinstalación de la «Brigada de Investigación Norte» y solicitud de estadísticas de delito. También se solicita la nómina de agentes que trabajan en Yerba Buena para controlar el cumplimiento de sus labores.

La propuesta deja en manos del Poder Ejecutivo provincial y de la Legislatura cualquier nueva medida que se tome de ahora en adelante para combatir la inseguridad en la ciudad y alrededores.

La otra emergencia

El dictamen descartado, perteneciente a los concejales Pedro albornoz Piossek y Lucas Cerúsico, proponía declarar la emergencia en seguridad dentro de los límites del municipio, la implementación de una Guardia Mucnicipal para apoyar a la Policía provincial y la creación de una secretaría de Seguridad en reemplazo a la actual dirección; todo dentro de un mismo proyecto.

«Interesa más que se declare emergencia en la provincia que acá», expuso Argiró ante su par Albornoz Piossek, fundamentando que el municipio no está en condiciones económicas de mantener una fuerza de seguridad propia. Zelaya, por su parte, aseguró que es inconstitucional declarar la emergencia en seguridad dentro del municipio.

A la espera del decreto provincial

El martes, Julio Silman, presidente de la Legislatura, en ejercicio del Poder Ejecutivo por la ausencia de Juan Manzur y Osvaldo Jaldo, anunció que el gobernador firmaría un decreto de necesidad y urgencia para declarar la emergencia en seguridad en la provincia.

Hasta la fecha no hay novedades sobre el DNU que haría desembarcar un fondo especial de $ 800 millones para ampliar las capacidades de las fuerzas de seguridad provinciales y así reforzar la lucha contra la inseguridad en los municipios.

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